Gobierno admite que la anulación de la ley de derribos en un "varapalo" pero reafirma su compromiso con los afectados

Buscará de inmediato fórmulas jurídicas que permitan "conseguir el tiempo necesario" para completar los procesos de legalización
Cerrias En Liencres
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CEDIDA

El consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha reconocido que la anulación por el Tribunal Constitucional de la reforma de la Ley del Suelo aprobada por unanimidad la pasada legislatura y que ha permitido mantener en suspenso las sentencias de derribo, es un "vaparalo" que obliga a "replantear" las soluciones en este asunto.

No obstante, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria de "amparar" a los afectados por sentencias de derribo, y en este sentido, ha señalado que el Ejecutivo se pondrá a trabajar "inmediatamente" para encontrar las "soluciones jurídicas que permitan conseguir el tiempo necesario para acabar los procesos de legalización ya iniciados" mediante la modificación de los planes generales de los municipios afectados.

En declaraciones a Europa Press, el consejero recordó que el Gobierno ya ha adquirido con los afectados el compromiso de presentar estas soluciones antes de fin de año, por lo que la sentencia del Constitucional no hace sino "ponernos más presión" para dar con esas fórmulas "lo antes posible".

Fernández ha señalado que el Gobierno "respeta" la decisión del Tribunal Constitucional, pero "discrepa" de sus conclusiones. La sentencia anula parcialmente la ley de abril de 2011 que establece que sólo se podrá demoler una vivienda cuando esté determinada la responsabilidad patrimonial, fijada la indemnización y el perjudicado la haya cobrado.

El Gobierno, que "no esperaba un plazo de resolución tan breve" por parte del Constitucional, sigue pensando que Cantabria es "competente para regular esta cuestión", tal y como defendió ante la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, pero una vez que el TC se ha manifestado, dijo el consejero, "no cabe otra solución que respetar la sentencia y seguir trabajando teniendo en cuenta esta doctrina".

Fernández ha reconocido la "gran trascendencia" de la decisión del TC, en la medida en que afecta a un colectivo de familias que ha sido "víctima" de los errores de las administraciones públicas. La sentencia, que anula una pequeña parte de la ley pero de un "calado trascendental", "nos enseña", ha dicho el consejero, que las soluciones a los derribos tienen que tener "el suficiente apoyo legal, no pueden ser soluciones ni improvisadas ni que vayan en contra del ordenamiento", afirmó.

Al mismo tiempo, ha defendido la validez del plan de actuación del Gobierno en materia de derribos, un plan "acertado y justo" que parte de la idea de demoler sólo aquéllo que "no encaje" en los procesos de legalización que se están impulsando desde la administración regional y local.

Y sobre la postura del PRC, que ha urgido un acuerdo de los tres grupos parlamentarios y ha opinado que la única solución pasa por la modificación de la normativa estatal, el consejero se ha mostrado "totalmente de acuerdo en que es el momento de alcanzar consensos" y que la misma unanimidad que presidió la aprobación de la ley ahora anulada "es la que debe presidir la nueva solución que haya que dar a este problema".

Asimismo, ha señalado que el Gobierno de Cantabria ya viene trabajando "desde hace meses" con la administración central para introducir los principios de la normativa ahora anulada en la legislación estatal, algo que no siempre está al alcance de una administración regional porque la capacidad de decisión es del Estado.

En este sentido, ha recordado que algunas de las propuestas planteadas desde Cantabria a la reforma de la Ley de Costas se han aceptado y otras no. En todo caso, ha señalado que hay que "compatibilizar las dos acciones, los cambios en la legislación del Estado, en los que ya estamos trabajando, y apurar las soluciones que dependen de la comunidad autónoma".

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