El presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya, fue el encargado de leer la última Declaración Institucional de los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (Cáceres, 24 de abril de 2013), en la que queda patente su voluntad de asumir un compromiso por la excelencia en la prestación del servicio de Justicia.

Un compromiso institucional que se refleja en la petición de creación en el Consejo General de una Comisión de Ética Judicial, como instrumento para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, según han informado fuentes del TSJ en un comunicado.

"En esta búsqueda del juez excelente para la sociedad actual, la Comisión ha de velar por que los jueces y magistrados cumplan no sólo los deberes jurídicos, sino también otros que aunque puedan parecen menos importantes, contribuyen a que la ciudadanía refuerce la confianza en la institución que integran", explicó Martínez Moya.

Las funciones de esta comisión estarían marcadas por el asesoramiento a los miembros del Poder Judicial, la creación de un espacio de discusión y el desarrollo de acciones que fortalezcan la conciencia de ética judicial. Además el documento recoge, en cuatro grandes bloques, las principales reformas a las que ha de enfrentarse el Poder Judicial.

Así, los presidentes, si bien comparten absolutamente el objetivo que impulsa la reforma la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de tender a una profesionalización de la función jurisdiccional, potenciando un régimen de sustituciones en los órganos judiciales por los propios integrantes de la Carrera Judicial, reclaman una más eficaz gestión de las sustituciones de los órganos judiciales que, dada la sobrecarga de muchos de ellos, pasa inexcusablemente por la solución estructural de la Justicia.

Por ello reiteran sus propuestas de modernización de la organización y revisión de la demarcación con aumento gradual de la planta y, de forma singular exigen que se potencie la figura de los Jueces de Adscripción Territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.

Además, hacen una mención especial a los supuestos que atienden a la conciliación de la vida laboral y personal, familiar, y muy singularmente la protección de la maternidad y paternidad.

En cuanto a la composición de las Salas de Gobierno advierten que debería ser estrictamente judicial, pues como se refleja en las conclusiones, los presidentes del Tribunal Superior de Justicia estiman que la presencia de miembros ajenos a la Carrera Judicial, excepción hecha del Secretario de Gobierno, puede resultar perturbadora para la independencia del órgano.

De este modo, sugieren la eventual participación de los distintos decanos en acuerdos que se vean afectados los respectivos partidos judiciales. Además, estiman necesaria una ampliación de competencias, sobre todo en materia de oficina judicial.

Y es que, la reforma del CGPJ, además de contemplar la aludida Comisión Deontológica, exigiría que, independientemente del modelo de designación que se busque, se prime la excelencia del candidato que se elija, primando criterios de mérito o capacidad frente a la rigidez de los cupos; que se rechace la figura del vocal a tiempo parcial; que se establezca una potestad reglamentaria, tanto interna como externa, flexible y susceptible de desarrollo; que tenga competencias exclusivas para la evaluación de jueces y que esté dotado de autonomía presupuestaria cifrada porcentualmente en la ley.

Por otro lado, los presidentes consideran que la instauración de los Tribunales de Instancia debiera coincidir con la supresión de los Juzgados de Paz y creación simultanea de los Tribunales de Base. Ello permitiría concentrar en las cabeceras de los actuales partidos judiciales un número de Jueces de Base.

La sede de estos últimos pudiera hacerse coincidir con las actuales cabeceras de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción. Los asuntos que debieran soportar habrían de ser cuantitativamente significativos y susceptibles de descargar de litigios de menor entidad a los Tribunales de Instancia encargados de asuntos más complejos.

Igualmente, no se debe renunciar a ese primer escalón de la pirámide judicial profesional por cuanto supone la cercanía de la Justicia a los ciudadanos.