El Gobierno ha dado luz verde, entre las 22 reformas que ha anunciado en el Consejo de Ministros y que remitirá al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea, una Ley de Desindexación de la Economía que afectará a los contratos públicos, pero no a las pensiones.

"Hay que diferenciar dos planos. Con la aplicación del factor de sostenibilidad, el marco de las pensiones será muy específico a partir de su aprobación", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, que, con estas palabras, ha dado a entender que desvincular la actualización de las pensiones del IPC es un tema que se vería en el debate sobre el llamado factor de sostenibilidad.

La norma, que entraría en vigor en 2014, introducirá un nuevo índice de referencia que sustituya al IPC en las actualizaciones periódicas, entre otras, de ingresos y gastos, precios, tarifas, tasas y rentas de las Administraciones Públicas. El nuevo índice será más exigente que el IPC y en su formulación tendrá en cuenta el nivel inflación del 2% considerado por el Banco Central Europeo como estabilidad de precios.

Soraya Sáenz de Santamaría ha insistido en que el principal efecto de esta Ley de Desindexación se va a producir sobre los contratos públicos, por ejemplo en los de obras, pues su vinculación con la inflación produce una actualización permanente de determinados componentes, como los materiales, que encarece los contratos. Eso, sumado a la subida del IVA, hace que el coste para las administraciones públicas sea demasiado elevado, ha dicho.

El compromiso con la regulación del factor de sostenibilidad para garantizar el futuro de las pensiones, ha llevado a constituir una comisión que dará los criterios, ha recordado Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta ha indicado que, aunque esta nueva ley no afectará a los pensionistas, "algunos" ganarán poder adquisitivo este año por el control de la inflación.

De hecho, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha subrayado que "no desecha" la posibilidad de que el IPC se sitúe después del verano "claramente por debajo del 1%". "Por eso, en el caso de la revisión de las pensiones, habrá ganancias simplemente con las subidas establecidas a principios de este año, del 1% y del 2%", ha afirmado De Guindos.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno no quiere elevar la edad legal de jubilación a los 70 años. En la reforma de pensiones de 2011 se fija que la edad legal de jubilación pasará progresivamente, desde 2013 a 2027, de los 65 a los 67 años.

El Gobierno ha entregado esta semana a los partidos que componen el Pacto de Toledo un documento, que, según Montoro, es de "derecho comparado" y no de propuestas. En dicho informe se compara cómo los distintos países de la UE han aplicado el denominado factor de sostenibilidad (la adecuación de las pensiones a la esperanza de vida)

Por ello, el ministro ha desmentido que el Gobierno quiera subir nuevamente la edad legal de jubilación o que quiera aumentar los años que habrá que cotizar para obtener el 100% de una pensión contributiva.  Algunas cosas publicadas del informe "no van a ser así", ha reiterado Montoro en relación a una edad de jubilación legal de 70 años. "El proyecto del Gobierno no va nada por ahí", ha dicho.

La voluntad del Ejecutivo es negociar con los partidos y los agentes sociales para ver cuál debe ser la evolución futura de las pensiones. Al respecto, ha indicado que en 2013 las pensiones del 70% de los perceptores de las más bajas se han revalorizado un 2% y a final de año la inflación puede estar en el 1% o menos, lo que va a permitir una recuperación del poder adquisitivo de millones de españoles.