En el caso de los indemnizados, Sebastián Extaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola, el primero cumple condenas que suman 95 años de prisión por tres asesinatos, y el segundo salió libre hace dos años después de tres años preso.

Ambos fueron detenidos en 2002 por la policía venezolana y deportados a España.

Sus abogados denunciaron a Venezuela ante la Comisión Interamericana de DDHH alegando deportación ilegítima.

Tras la denuncia, los abogados negociaron con el gobierno venezolano, que ahora "acepta su responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos de los ciudadanos vascos al haber procedido a realizar una deportación ilegal y entrega ilegal al Estado español".

En el caso de Galarza, la indemnización suma 132.000 euros en concepto de "daño moral por los sufrimientos causados a su persona y familiares" por los tres años que estuvo encarcelado tras la "deportación ilegal".

En el de Etxaniz Alkorta, recibirá 193.000 euros más una pensión mensual de 750 euros para su pareja, actualizable sobre el IPC español, entre otras cosas, "por las torturas recibidas".

Asimismo, Venezuela se compromete a efectuar gestiones para que Etxaniz cumpla su condena "en un recinto carcelario cercano a su lugar de origen" y a "cerciorarse de su situación carcelaria, conocer su estado de salud físico y psíquico y atender cualquier reclamo que realice respecto a la actuación de funcionarios penitenciarios".

El gobierno de Venezuela asegura a Extaniz, además, "todos los gastos de de atención médica" que el Estado español no atienda mientras se encuentra encarcelado.

Nacionalización polémica, según medios

Los cuatro presuntos etarras que se beneficiarán de la nacionalización son Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Ángel Aldana, quienes se encuentran en Venezuela en condición de asilados políticos.

Tanto el diario El País como ABC han interpretado la decisión de nacionalizar venezolanos a los cuatros presuntos miembros de ETA como una maniobra del gobierno de Chávez para no extraditarlos a España.