El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Ejecutivo autonómico, Juan José García Ferrer, ha asegurado que le produce un "auténtico escándalo" que una diputada nacional afirme en público que durante su gestión 255.000 euros se fueron no para atender a quien debía, sino a pagar expedientes duplicados o reconocer prestaciones indebidas a personas.

Así ha reaccionado García Ferrer después de que la diputada nacional del PSOE Guadalupe Martín haya exigido a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; al consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz; y al propio director general de Mayores que "salgan ya, inmediatamente, a decir que no hubo fraude en la gestión de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha".

En declaraciones a Europa Press, García Ferrer ha lamentado que "con la que está cayendo" alguien minimice 255.000 euros que, según ha manifestado, "es lo mismo que hablar de la alimentación y el sustento de más de 250 familias durante un mes entero, o 67 personas recibiendo ayuda a domicilio durante todo un año".

"Con este desparpajo, reconocer que se han hecho pagos indebidos por importe 255.000 euros, y además se felicite por ello, solo tiene una palabra: bochorno y escándalo", ha sentenciado.

Asimismo, el director general ha señalado que Guadalupe Martín ha omitido en su declaración que el informe del Tribunal de Cuentas al que ha hecho alusión "dice que Castilla-La Mancha perdió más de 1.226.000 euros por no tener bien metidos los datos en los sistemas de información de 1.584 personas en situación de dependencia".

Dicho esto, ha apuntado que gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha y el Imserso se han sacado a estos 1.584 casos, "que van a suponer que el Imserso tenga que pagar a Castilla-La Mancha 1.226.000 euros que el PSOE no reclamó". "Viendo lo que le importan 225.000 euros y ver el valor que dan al dinero el PSOE, me imagino que le dará igual perder 1.226.000 euros para atender a los que más lo necesitan en Castilla-La Mancha", ha destacado.

Pagos a personas fallecidas

Respecto a pagos a personas fallecidas, el director general ha subrayado que después de todos los cruces de información realizados entre el Tribunal de Cuentas, el Imserso y Castilla-La Mancha se ha constatado "la existencia de 478 casos de personas fallecidas". "Me imagino que también le parecerán muy pocos en relación a otros".

De otro lado, ha contestado a Martín que "hay que pedir perdón a los castellano-manchegos por una administración que le ha dado muy poco valor al dinero, y por una administración que ha querido representar hacia el exterior una imagen que no correspondía con lo que en realidad estaba pasando".

Dicho esto, ha reconocido que si no fuera por los funcionarios y los trabajadores de la Junta y su profesionalidad "no se adonde hubiéramos podido llegar". A su juicio, "es un fraude para la sociedad castellano-manchega lo que ha pasado con el sistema de dependencia". "No es un fraude jurídico sino que es un fraude político", ha aseverado.

Sobre el hecho de que 12.000 existan 12.000 personas, según el PSOE, que ya han sido reconocidas como dependientes y que aún no tienen ninguna prestación, García Ferrer considera que "es de un cinismo tan asombroso el criticar a este Gobierno por tener 12.000 personas" en esta situación cuando "el 1 de junio de 2011 eran 14.900 las personas que estaban esperando".

Finalmente, ha recalcado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal "está pagando las deudas y las juergas que se han tomado muchos" y ha reducido la lista de espera en cerca de 3.000 personas. "Cuando uno se equivoca porque no tiene la información tiene una disculpa, pero esta señora tiene la información y se equivoca, así que o tiene mala fe o intelectualmente es muy limitada", ha concluido.