La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (Faspi) ha aclarado que la información facilitada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública acerca del sobreseimiento de las diligencias previas abiertas contra la Secretaria General de Administración Pública de la Junta de Andalucía, Lidia Sánchez, "no se ajustan a la realidad", toda vez que la Faspi indica que ha sido la propia Federación la que se ha "desistido" de la denuncia presentada contra la Secretaria General.

En una nota, la Faspi, integrada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), ha indicado que el motivo de ese desestimiento ha sido "la inoportuna, tardía y nada concisa respuesta que la secretaria general envió a Faspi, tras haberse conocido la denuncia penal interpuesta, explicando vagamente las causas por las que se vetaba a los sindicatos más representativos del sector funcionarial en la Mesa General de Negociación de la Función Pública de la Junta, constituida en octubre de 2012".

De esta forma, la federación precisa que la denuncia contra la secretaria general se archiva "porque Faspi desiste", por lo que "en ningún momento, el juzgado respalda, tal y como afirma la Consejería de Hacienda y Administración Pública en una nota, la decisión de la secretaria en la Mesa General".

De esta forma, la federación considera que el "injustificado veto" a Faspi en la Mesa General "sigue sin resolverse en los tribunales".

Ha explicado que el documento emitido a la Federación por la secretaria general "hace referencia al artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público que establece que 'también estarán presentes en estas mesas generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la mesa de que se trate'".

Este requisito "es claramente reunido por Faspi y que hacen aún mayor el vilipendio al que se está sometiendo a esta Federación, cuyos sindicatos que las conforman son los más representativos en su sector y así lo demostraron los funcionarios en las urnas".

Ante el "confuso" argumento de la Administración, "únicamente facilitado tras una denuncia penal", la Federación andaluza decidió no ratificar la mencionada denuncia y continuar la batalla a través del correspondiente recurso para la protección de los derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Agregó que la Federación "dio una nueva oportunidad a la Administración para que cambiara de criterio".

Faspi advierte de los "perjuicios de difícil reparación" que pueden acarrear su exclusión de esta negociación, pues "se podrían adoptar acuerdos vinculantes que afectarían de forma indefectible a los funcionarios, sin haber sido negociado con los sindicatos más representativos".

Ha asegurado que en las últimas elecciones sindicales, celebradas durante 2010 y 2011, la citada federación "ha obtenido un respaldo mayoritario en las urnas, cumpliendo con los requisitos de representación que la Ley exige para forma parte de la Mesa General".

Faspi agrega que esta circunstancia "ha sido puesta en conocimiento de la Presidencia de la Mesa hasta en tres ocasiones".