Pescanova
Factoría de Pescanova. EUROPA PRESS

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha declarado a Pescanova en concurso de acreedores, al tiempo que ha apartado al consejo de administración, presidido por Manuel Fernández de Sousa, de la dirección de la empresa, ya que "mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad".

"Las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio quedan suspendidas, siendo el deudor sustituido por la administración concursal que se designará al efecto", según consta en el auto. En este sentido, el juzgado explica que la administración concursal estará integrada por un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o una persona nombrada por ésta.

La multinacional acredita en su solicitud su "estado de insolvencia" Este administrador deberá comparecer ante el tribunal en el plazo de 5 días para confirmar si acepta o no ese cometido.

En la solicitud del concurso, Pescanova reconoce que tiene más de 50 acreedores y, aunque no se detalla la deuda, el auto apunta a una diferencia de casi 88 millones de euros en el pasivo total, entre la documentación aportada inicialmente y la subsanación posterior.

Asimismo, la multinacional acredita en su solicitud su "estado de insolvencia". En el auto del juez se pone de relieve que Pescanova ha incumplido su deber de formular las cuentas de 2012 en el plazo indicado, así como la "existencia de discrepancias" en el seno del consejo de administración sobre una decisión de "tal trascendencia" como la solicitud de un concurso de acreedores.

El juez señala además que el deudor no ha solicitado la liquidación de su patrimonio ni presentado propuesta anticipada de convenio, que es sociedad dominante de un grupo de empresas y que anuncia su intención de interesar de la administración concursal autorización para retrasar la obligación legal de formular que las cuentas anuales.

Querellas contra el presidente

Un particular, a través de la sociedad Gesrenta BCN, presenta esta mañana una querella contra Manuel Fernández Sousa, y el consejero de Pescanova, Alfonso Paz Andrade por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en cuentas anuales y balances.

Así lo ha confirmado su representante legal, Felipe Izquierdo, quien detalla en la querella que Paz-Andrade vendió el 31 de enero de ese año 195.000 acciones por un monto de 3,25 millones de euros, mientras que Fernández Sousa enajenó 1.986.000 acciones entre diciembre, enero y febrero (sin comunicárselo a la CNMV), por más de 30 millones de euros.

Se ha conculcado el deber de transparencia de la compañía respecto al mercado En relación al presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, Izquierdo indica en la querella que la "maniobra de los querellados vendiendo acciones de la sociedad por un importe de unos 35 millones es obvio que fue utilizando información relevante y privilegiada, y que solo ellos conocían".

Por su parte la Asociación Española de Accionistas de Minoristas de Empresas Cotizadas (Aemec) reclama la convocatoria de una Junta Extraordinaria de Accionistas de Pescanova para plantear una acción de responsabilidad contra su presidente, Manuel Fernández de Sousa, para lo que piden el apoyo de más accionistas.

Han afirmado que hasta ahora aglutinan un 1,2 % del capital, pero que esperan el apoyo de más accionistas a su propuesta, que pasa por la revocación del actual equipo gestor y la recuperación de los capitales invertidos por los accionistas mediante el "apuntalamiento de la viabilidad de la empresa".

Aemec remitió este miércoles por carta y fax un escrito, entre otros, a Fernández de Sousa para reclamarle que convoque una Junta Extraordinaria en la que "informe sobre la situación de la compañía y los planes del consejo de administración para la superación de la gravísima situación actual".

En la misiva le aseguran al presidente de Pescanova que "hasta el momento se ha conculcado el deber de transparencia de la compañía respecto al mercado" y, por tanto, se ha "hurtado información esencial para los inversores".