El Parlamento catalán ha aprobado este jueves por unanimidad promover de forma inmediata las medidas necesarias porque las empresas suministradoras de energía y agua no puedan cortar el agua, la luz y el gas por impago a familias que reciban unos ingresos inferiores al salario mínimo.

Asimismo, el Parlament ha aprobado, a propuesta de ICV, pedir al Gobierno la competencia para fijar los precios básicos de la energía con el objetivo de crear un sistema público de precio social en los suministros de electricidad y gas natural y butan. Han votado a favor CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP, mientras que el PPC se ha posicionado en contra y C's se ha abstenido en esta votación.

El objetivo es poder establecer un sistema público de precio social en los suministros básicos. De conseguir la competencia, se fijarán unos consumos mínimos vitales en función del número de componentes del hogar y de las estaciones del año, de forma que haya consumos diferentes en función de la climatología.

Sobre la Renta Mínima de Inserción se han aprobado dos puntos diferentes que se refieren a su reforma. CiU, ERC y CUP han votado a favor de definir un nuevo sistema que permita que todas las personas que no puedan tener acceso a un empleo por motivos sociales y personales, tengan acceso a una renta mínima (ya sea la RMI u otras ayudas) que permita una subsistencia digna.

Ahora bien, todos los diputados han votado a favor de iniciar un proceso de diálogo con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para aprobar una nueva propuesta de revisión de la Renta Mínima de Inserción que parta de las conclusiones del grupo de trabajo del Acuerdo Estratégico, los dictámenes del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) y las recomendaciones del grupo de trabajo sobre pobreza creado por el Departamento de Bienestar.

Esta propuesta también se tiene que adecuar a las necesidades de la lucha contra la exclusión social y la garantía del derecho subjetivo, abordando de forma especial las unidades familiares numerosas, las dificultades derivadas de problemas laborales y las personas con situaciones de cronificación.

Por unanimidad se ha dado luz verde a presentar un informe trimestral en el que se detallen los datos sobre los perfiles sociofamiliares de los solicitantes y perceptores de la renta mínima de inserción, desglosando los motivos de los casos no admitidos, todo ello con datos desagregados por meses y comarcas.

Con los votos de todos los grupos excepto PPC y C's, se ha aprobado reclamar a la UE que la Generalitat sea la autoridad que gestione el fondo de excedentes alimentarios que distribuye esta institución.

Han prosperado por unanimidad los puntos cuatro y cinco del orden del día, que instan el Gobierno a incluir la distribución de alimentos en la próxima Cartera de Servicios sociales, así como mejorar el apoyo y la transparencia en las becas comedor.

Según el texto aprobado, habrá que explicitar los datos sobre las peticiones y las concesiones de becas comedor relativas a pobreza infantil derivadas desde los servicios sociales; crear un protocolo de detección entre servicios sociales, educativos y sanitarios para detectar niños que puedan sufrir desnutrición; redistribuir las beques comedor porque lleguen a los alumnos con más necesidad y otorgar becas por todo el importe en casos necesarios, y mantener o incrementar la partida destinada a estas becas.

El Parlamento también ha aprobado mantener las partidas destinadas al desarrollo de acciones de lucha contra la pobreza respecto al presupuesto liquidado del 2012, y todas aquellas partidas que inciden de forma directa en la infancia. ICV-EUiA, PSC y CUP se han abstenido en este punto al considerarlo insuficiente.

Finalmente, con el voto en contra de PPC y C's, el Parlamento insta a reclamar al Estado la recuperación de todas las transferencia finalistas destinadas al Govern que se han recortado desde el 2010 en materia social.