El que fuera jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valladolid José Luis Barca, ya jubilado, y el todavía letrado municipal Luis Ángel Lavín Deza han comparecido hoy en calidad de imputados ante el juez del 'Caso PGOU' para ratificar lo que en su momento declararon como testigos, es decir, que el informe que en 2008 emitieron y que detectó una serie de "errores" estuvo exento de presiones y respondió a criterios estrictamente técnico-jurídicos.

Ambos han acudido al Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid asistidos por el hoy jefe de los servicios jurídicos municipales, Eduardo Asensio, y el interrogatorio de cada uno de ellos por parte del titular, José María Crespo, que ha abierto Luis Ángel Lavín Deza, se ha prolongado por espacio de poco más de media hora, sin que a su salida ninguno de ellos aceptara someterse a las preguntas de los periodistas.

Sin embargo, Jesús Verdugo, letrado personado en la causa en representación de dos técnicos municipales imputados, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en ambos casos la mayoría de las preguntas han sido formuladas por la Fiscal de Urbanismo, Ana Valle, y el abogado de la acusación popular que representa a la Federación de Asociaciones Vecinales, Carlos Castro, para conocer si el informe que los dos abogados municipales suscribieron el 14 de julio de 2008 sobre la polémica modificación del PGOU, en el que analizaban las discordancias denunciadas por el PSOE entre el texto aprobado por el pleno y el finalmente validado por la Junta, había sido emitido sin recibir presión alguna.

"A la pregunta de si el informe había sido teledirigido han respondido que no, han mantenido que no recibieron presiones para que el resultado del mismo fuera en uno u otro sentido", ha enfatizado Verdugo, quien ha indicado además que tanto Barca como Lavín Deza han insistido en que el análisis efectuado respondió a criterios estrictamente técnico-jurídicos, según los cuales pudieron apreciar en el texto del PGOU nueve "errores" o discrepancias de importancia no justificables.

Mientras tanto, y tras casi cinco años de instrucción, las partes siguen a la espera de que el juez instructor acuerde el sobreseimiento de las actuaciones o bien, que es lo más probable, dicte el correspondiente auto de imputación contra algunos de la veintena de imputados que hasta la fecha han 'desfilado' por el Juzgado de Instrucción número 1, entre ellos el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y de los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con el arquitecto Pablo Luis Gigosos.

El último en declarar, el día 10 de enero de 2013, fue el exconcejal de Urbanismo y principal imputado, José Antonio García de Coca, quien entonces, en su segunda comparecencia ya ante el juez instructor, invocó nuevamente su inocencia y responsabilizó de lo ocurrido al que fuera arquitecto municipal Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en abril de 2006.

"Según él, como ya dijo en su día, sólo hay un responsable que es lamentablemente la persona que ha fallecido y que fue quien hizo y controló todo, sin que nadie más se percatara de lo ocurrido hasta tiempo después", resumió ese día el abogado de la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.