Dos funcionarios públicos han sido imputados en Cantabria por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos dentro de la tercera fase de la denominada operación 'Pitiusa' contra una red de tráfico de datos.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura de la Policía Nacional en Cantabria, a estas dos personas se les ha tomado declaración como imputados pero no han sido detenidos.

Estas mismas fuentes, que no han especificado qué tipo de funcionarios son los imputados en Cantabria, dan por concluida la tercera fase de la operación en la comunidad autónoma y no esperan que se produzcan detenciones o nuevas tomas de declaración.

En el conjunto de España, la Policía Nacional ha detenido a detectives, miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil e inspectores de Hacienda dentro de la tercera fase de esta operación.

Fuentes cercanas al caso, habían informado a esta agencia de que se prevén una treintena de arrestos en varias comunidades autónomas, como Cataluña, Madrid, País Vasco, Aragón o Andalucía, y, en un principio, también Cantabria.

Concretamente, se esperan una quincena de arrestos en la capital catalana, donde según fuentes policiales ya se han hecho efectivos, al menos, ocho.

Las detenciones se realizan a petición de la Fiscalía, por venta y tráfico de datos obtenidos ilegalmente, y coordina la investigación el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona y en el caso trabajan los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y Pedro Horrach.

Los detenidos de Barcelona han sido citados para este miércoles en la comisaría de La Verneda, donde se les tomará declaración y se les notificará el arresto formalmente, para después dejarles previsiblemente en libertad con cargos.

En esta macrooperación, realizada a principios de mayo del año pasado, ya habían sido detenidas 88 personas de 11 comunidades autónomas, y se practicaron un total de 46 registros en dos fases.

Vínculo con el caso nóos

Durante el examen de la información incautada a esta red se descubrió que el hacker Matías Bevilacqua, experto en espionaje que había trabajado para el CNI, había sido contratado por el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, para analizar y ordenar los correos electrónicos del Instituto Nóos de cara a la declaración ante el juez del caso.

Los arrestados, a los que según los casos se les atribuye intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales, son mayoritariamente detectives privados, aunque también hay empleados públicos y empresarios, asalariados y particulares.

La operación Pitiusa arrancó en marzo de 2011 en torno a las actividades de un exdetective privado de Barcelona, actualmente policía local, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público.

Formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional.

Los datos con los que se comerciaba abarcan desde matrículas hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria y con ellos sus compradores podían alcanzar una situación ventajosa frente a otras empresas de la competencia.