La titular del juzgado de primera Instancia número 3 de Orihuela (Alicante), que investiga la parte del 'caso Brugal' relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, ha citado a declarar, en calidad de testigos, a los representantes socialistas de tres ayuntamientos alicantinos que integraron en 2007 el Consorcio de la Zona XVII.

Así, en un auto fechado el pasado 16 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez ha fijado para el próximo 21 de mayo —a las 9.00 horas— la comparecencia del alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo, mientras que el ex primer edil de Benijófar José Luis González Sánchez acudirá a las 10.30 horas, y el representante del PSOE en Guardamar del Segura Vicente Avilés González lo hará a partir de las 12.00 horas.

La decisión judicial responde a una petición realizada por la representación procesal del exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós —imputado en la pieza—, que solicitaba, por un lado, el sobreseimiento de su causa, y, subsidiariamente para el caso de que no se accediera a ese extremo, tomar declaración como testigos a los miembros de los consistorios alicantinos del PSOE adheridos e integrantes del Consorcio del Plan Zonal XVII, en 2007.

De este modo, pidió practicar la referida diligencia con los mencionados Mateo, González Sánchez y Avilés González, además de con socialistas de los ayuntamientos de Albatera, Benejúzar, Bigastro, Guardamar del Segura, Los Montesinos y San Isidro.

Los representantes de Amorós —imputado por tráfico de influencias, revelación de secretos o información privilegiada facilitada por autoridad y cohecho— también reclamaron requerir a los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante para que emitieran un informe sobre la composición, funciones, competencias e independencia del Consorcio respecto a la institución provincial.

En tercer lugar, solicitaron librar oficio a la secretaria del Consorcio para certificar la composición de dicho órgano en 2007, determinando la participación institucional y el número de votos que corresponden a cada uno de sus integrantes, y especificando la formación política que gobernaba en ese año en los ayuntamientos participantes.

"no ha lugar al sobreseimiento"

A la vista de estas peticiones, la juez dispone, en primer lugar, que "no ha lugar al sobreseimiento de la causa" contra Amorós, y subraya que "no hay que olvidar que el solicitante ostenta la condición de imputado debido a su insistencia en querer declarar como tal".

En este sentido, la defensa del exportavoz socialista argumentó, entre otros aspectos, que el teléfono de su representado "fue objeto de intervención, grabación y escucha" entre el 4 y el 31 de julio de 2007, cuando se registraron conversaciones entre terceros de "nulo interés para la causa".

Al respecto, la titular del juzgado oriolano recalca que la instrucción "no ha terminado, por lo que en principio la petición es extemporánea", y agrega que las "conversaciones entre terceros no pueden desecharse sin más cuando su contenido se corrobora con aspectos colaterales" de los diálogos.

Finalmente, además de las citaciones de los testigos, niega el sobreseimiento, y dispone librar oficio a la secretaría del Consorcio para que certifique la composición del mismo en 2007, determinando la participación institucional y el número de votos que corresponden a cada uno de sus integrantes, especificando en el caso de los ayuntamientos participantes, el partido que en ese año gobernaba en cada uno de ellos.