El expropietario de la Policlínica Miramar Cristóbal Pizá, quien se ha sentado de nuevo en el banquillo de los acusados, ha negado haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes deshaciéndose de dos inmuebles para frustrar el pago de un millón de euros que adeudaba al actual máximo accionista del centro sanitario, Francisco Miralles. Precisamente, Miralles está querellado contra el empresario José María Ruiz-Mateos por una supuesta estafa de 13,9 millones de euros en otra causa que se está instruyendo en Palma.

En concreto, la Fiscalía solicita tres años de cárcel para el acusado y dos para su mujer, mientras que la acusación particular, ejercida por la letrada Isabel Fluxà en representación de Inversiones Grupo Miralles (IGM), reclama tres para cada uno de ellos, además de una fianza civil de 147.651 euros conjunta para ambos.

En su declaración durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2, Pizà ha justificado que vendió la mitad indivisa de un inmueble de Santa Ponça y otro medio de La Rioja porque le "urgía" saldar deudas con la Banca March, y no para eludir la deuda que tenía pendiente con Miralles. Del mismo modo se ha pronunciado su esposa, Antonia Margarita Morro, quien ha señalado que accedió a comprar la vivienda de Logroño consciente de las deudas de su marido con el banco.

Las propiedades, pertenecientes a la entidad Consaba -de la que Pizá era administrador único y a la que Miralles, a través de la mercantil IGM, concedió el préstamo en enero de 2006- fueron vendidas a su suegra (el inmueble de Calvià) y a su mujer (el de Logroño) por diversas circunstancias que impidieron finalmente traspasar el inmueble a otro comprador, según justificó Pizá, asistido al igual que su esposa por el abogado Gabriel Garcías.

Sin embargo, la querella interpuesta por el Grupo Miralles, a la que tuvo acceso acceso Europa Press, sostiene que Pizà procedió a la venta de las viviendas "por un precio irrisorio" (87.545 euros la de Santa Ponça y 121.260 la de Logroño) una vez que fue demandado por IGM.

Una operación de la que, según la acusación, se sirvió el imputado para frustrar los derechos de crédito del acreedor y conseguir así que los inmuebles permanecieran dentro del patrimonio familiar. Es más, postula que la pareja hizo constar domicilios distintos "para engañar y confundir" mientras que el acusado se permitió dejar de percibir a través de Consaba los 2.000 euros de alquiler que cobraba mensualmente por ambos inmuebles.

Préstamo concedido en 2006

El querellante postula que fue en enero de 2006 cuando IGM concedió un préstamo de dos millones de euros a Consaba, entonces administrada por Pizá junto al fallecido Miquel Dalmau, debido a la "estrecha relación de amistad y confianza" que unía a Miralles con el acusado. Posteriormente, IGM fue adquiriendo acciones de Ameba -la otra empresa de Pizá y Dalmau y cuya situación financiera "era una debacle"-, pagando únicamente la diferencia con el préstamo, si bien el resto del dinero adeudado ascendió finalmente a un millón de euros por los intereses pactados.

Miralles solicita asimismo una multa de 18.000 euros más un tercio de esta cantidad tanto para Pizà como para su mujer, así como 15.000 euros en concepto de costas.

El pasado mes de marzo, se sentó en el banquillo por presuntamente apropiarse, junto a Miquel Dalmau, de al menos 708.000 euros de los ingresos de la Policlínica, unos hechos por los que la acusación particular solicita para él cinco años de prisión por un delito de apropiación indebida y reclama una indemnización de 1,4 millones de euros para el denunciante de los hechos, el doctor Pablo Ramis. Pizá responsabilizó a Dalmau de las supuestas irregularidades.