El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este miércoles, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, mientras que el PP-A se ha opuesto, la convalidación del Decreto-ley por el que se traspasan a la Consejería de Educación las competencias en Formación Profesional (FP) para el Empleo, hasta ahora gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). PSOE-A e IULV-CA han rechazado la petición del grupo popular de que el decreto se tramitara como proyecto de ley en la Cámara.

Esta decisión se enmarca en el proceso de integración de las dos modalidades de FP para el Empleo (la ocupacional para desempleados y la continua para trabajadores en activo) y la FP Inicial o reglada (la del sistema educativo), que la Junta viene desarrollando en los últimos años para implantar un sistema más accesible, flexible, individualizado y conectado a las necesidades del tejido productivo, según ha informado el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila.

De acuerdo con el decreto, esta gestión única deberá atender a las orientaciones que seguirá marcando el SAE en relación con las demandas reales del mercado de trabajo en cada territorio. Para Ávila, se trata de un paso más del Gobierno andaluz para afrontar la crisis.

Junto con la coordinación y gestión de la oferta formativa anual para personas ocupadas y demandantes de empleo, las competencias traspasadas a Educación incluyen también la formación a lo largo de la vida y los programas en alternancia como las escuelas taller, las casas de oficio y los talleres de empleo, así como la programación de los centros de formación profesional para el empleo, tanto propios como consorciados, y la gestión de las acreditaciones de competencias adquiridas por la experiencia laboral y por vías no formales.

El proceso de integración de la FP se inició en 2009 con un decreto que, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua, incorporó los 'Certificados de Profesionalidad', que refuerzan el reconocimiento de los cursos con la posibilidad de su convalidación por la FP reglada. En este sentido, el Decreto-ley convalidado establece mecanismos de coordinación entre Educación y el SAE para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas en los cursos y en la propia experiencia laboral.

La FP para el Empleo en Andalucía señala como colectivos prioritarios a las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y las personas con mayores dificultades de acceso al empleo, como las que presentan discapacidad, las desempleadas de larga duración, las mayores de 45 años y las víctimas de la violencia de género. Asimismo, se presta especial atención a los jóvenes que en los años de bonanza económica abandonaron prematuramente sus estudios para incorporarse a empleos poco cualificados y ahora están en el paro.

PP-A

Habla de traslado de un "lío enorme de corrupción"

Por su parte, la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero ha manifestado que los sindicatos, el PSOE-A e IULV-CA se han mostrado "en contra" de este traspaso de competencias, en distintos ámbitos, y se ha mostrado convencida de que la propia consejera de Educación, Mar Moreno, tampoco debe estar satisfecha porque se le traslada un "lío enorme de corrupción en torno a los cursos de formación y talleres de empleo".

Ha señalado que la propia juez que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha hablado de un "nuevo fondo de reptiles" en relación con los cursos de formación, al tiempo que la fiscalización de la Cámara de Cuentas al respecto ha puesto de manifiesto varias irregularidades y "absoluta arbitrariedad" a la hora de repartir los fondos. Con este decreto, según ha apuntado, se intenta "trocear" la Consejería de Empleo para que no se vea tanta "corrupción" ni "mala gestión".

La parlamentaria del PSOE-A Clara Aguilera, que ha puesto en valor que se trata de una medida pionera en las comunidades autónomas, ha indicado que el traspaso de esas competencias de formación profesional para el empleo a la Consejería de Educación es "clave" para mejorar la empleabilidad. Se trata, según ha apuntado, de conseguir una mejor capacitación profesional.

La diputada de IULV-CA Rosalía Martín ha indicado que es necesario impulsar medidas que minimicen el impacto de la exclusión social y para incorporar a los jóvenes al sistema productivo. Ha puesto en valor las medidas que está adoptando la Junta contra la pobreza y la exclusión social, y ha dicho que hoy día es más necesaria que nunca la formación para favorecer la empleabilidad.