El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha dicho este miércoles que el auto judicial sobre la fundación de CajaCanarias avala la intervención del Ejecutivo regional, y ha pedido "colaboración" a los antiguos rectores para que la gestora prosiga su trabajo y se recupere la "normalidad".

En declaraciones a los periodistas, ha afirmado que aún queda un pronunciamiento judicial sobre el "fondo" del proceso, pero ha destacado que la decisión del TSJC aportará "armonía" y "sosiego" a la gestora, que debe cerrar "en el menor tiempo posible" la aprobación de los estatutos y el nombramiento del patronato, que espera sea "plural" y representativo de la sociedad canaria.

"Por imperativo legal, los órganos de la fundación están disueltos, ha sido ratificado en el auto, y la gestora va a seguir con su trabajo y tiene plena legitimidad, por lo que ahora verificará toda la documentación que figura en la fundación", ha comentado.

Spínola ha insistido en que el objetivo del Gobierno regional es "preservar" la legalidad y "garantizar" la Obra Social, por lo que ha avanzado que no habrá "ninguna ruptura" y la programación cultural seguirá su curso.

No obstante, el consejero ha alertado de que la anterior estructura es "poco sostenible", con un grupo de 20 trabajadores y un gasto salarial de 1,4 millones de euros, a unos 74.000 euros por persona. "Que cada uno saque sus propias conclusiones", ha detallado.

Trayectoria "intachable"

Asimismo, ha defendido a los miembros de la gestora —Marisa Tejedor, Rafael Daranas, Miguel Becerra, Juan Alberto Martín y María Dolores Pelayo—, que son personas "con experiencia" y una trayectoria "intachable".

"No se le puede poner una mácula a una persona por haber estado en política, y no están en activo en los partidos. No es un demérito haber estado en política, no cobran y prestan un servicio a la sociedad, y el Gobierno agradece su esfuerzo y dedicación", ha subrayado.