El sector del cerco de la provincia de Huelva va a interponer una demanda en el Contencioso Administrativo para recurrir la orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Golfo de Cádiz y en concreto al apartado referido al reparto de la cuota del boquerón puesto que consideran que este es "discriminatorio" y ven "irreales" los datos con los que se ha llevado a cabo la ponderación para la distribución entre los puertos gaditanos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda y los onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría.

Según han explicado en rueda de prensa el portavoz del sector onubense y asesor jurídico, Juan Luis Serrano, van a recurrir la citada orden para solicitar la supresión de la ejecución de la misma, de manera que no se aplique, y abogan por que mientras se resuelve el proceso el sector se autorregule. En los puertos de Isla Cristina y Punta Umbría el sector cuenta con 45 barcos dedicado a esta modalidad, que emplea a unos once tripulantes por embarcación, es decir, más de 400 personas.

Por ello, los distintos representantes del sector, reunidos este miércoles, se han mostrado convencidos de que los datos con los que se ha efectuado el reparto "no son reales" y que se ha hecho para "beneficiar a Barbate" al objeto de compensar a este puerto al "no alcanzar un acuerdo pesquero con Marruecos".

A modo de ejemplo, han citado que se han contabilizado barcos de Barbate que ya no están operativos, que los datos de ventas no coinciden con los de las lonjas o que los desembarques se han contabilizado en función del puerto donde se lleva a cabo y no de la base del mismo. A su juicio, se trata de cifras "irreales" que el Ministerio habría valorado para realizar el reparto.

Al acto, además de Serrano, han acudido el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Ángel Mendoza, el presidente de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, Mariano García, el presidente de la Asociación de Armadores de Isla Cristina, Francisco Martínez Faneca, y el presidente de la Asociación Suratlántica de Buques de Cerco (Asurabucer), Antonio Bellido.

Todos han recordado que alcanzaron un acuerdo en Sevilla entre todas las flotas de cerco del Golfo de Cádiz y el propio ministerio en el que se estableció que el reparto se haría teniendo en cuenta "en un 50 por ciento el criterio lineal (por embarcación) y el otro 50 por ciento restante en función de criterios históricos". Asimismo, han dejado claro que no discrepan con estos porcentajes sino con los datos con los que han trabajado desde el Ministerio, algunos "facilitados por la Junta de Andalucía", para determinar el número final de toneladas que puede capturar cada puerto.

Acuden a los tribunales porque "no queda otra opción" debido a que "no nos han dado las explicaciones pertinentes", así como estiman que la Orden tampoco incluye algunos de los "compromisos" que adquirió el Ministerio en la reunión de Sevilla que consistía en "premiar" a los puertos que se vieran menos beneficiados con la cuota de boquerón que cede Portugal.

"nos sentimos engañados"

Del mismo modo, Serrano ha incidido en que "los datos para el reparto son erróneos y no saben de dónde han salido", por lo que considera que "no existe ningún criterio para llevar a cabo el reparto". Ha precisado que con las cifras estimadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el puerto de Isla Cristina pierde "un cinco por ciento" del porcentaje de capturas que le correspondería, mientras que en Punta Umbría estiman una pérdida de entre "el siete y ocho por ciento".

"Nos sentimos engañados", ha enfatizado Mendoza, que ha incidido en que "se querido beneficiar a Barbate", mientras que Mariano García, presidente de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, ha remarcado que "se han manipulado los datos para la incorporación al reparto". En concreto, ha puntualizado que desde Madrid les han mandado hasta tres listados y "ninguno coincide" con los del sector.

Antonio Bellido, presidente de Asurabucer, ha indicado "la disconformidad" con las cuotas asignadas porque "los datos de notas de ventas en los que se ha basado la administración para realizar el reparto histórico, son incorrectos". Además, ha hecho hincapié en la necesidad de que "la Junta también se implique un poco".

En esta misma línea, ha indicado que sobre el total de capturas se han realizado "unas ponderaciones cuyo origen se desconoce", así como considera que "se han aplicado las GT's de los buques para obtener los coeficientes de reparto, cuando dicho criterio no ha sido solicitado por el sector".

El sector ha recordado que se ha publicado la Orden "sin establecer unos topes de capturas para el boquerón o la sardina, cuestiones que han sido demandadas" por la actividad.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Armadores de Isla Cristina, Francisco Martínez Faneca, ha reprochado al Ministerio que después de las alegaciones que presentó el sector a la Orden "no las hayan tenido en cuenta" y que "no sean capaces de decir de dónde salen esos porcentajes".