El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado una declaración institucional en el pleno, celebrado este miércoles, para instar al Instituto Nacional del Estadística (INE) a revisar los censos de los 88 municipios del archipiélago para depurar responsabilidades.

Asimismo, se solicita al Gobierno de Canarias que revise las liquidaciones definitivas de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF), del extinto IGTE y del Fondo Canario de Financiación Municipal, en relación a los periodos de prescripción de las liquidaciones definitivas a que dieran lugar la regularización de la revisión de los censos.

Así, lo ha manifestado el primer edil de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, quien ha subrayado que se insta al Gobierno regional a que "tome las medidas para resarcir a los municipios perjudicados de los daños y perjuicios" ocasionados.

El documento recoge que las primeras estimaciones apuntan a que el importe que anualmente ha venido perdiendo Las Palmas de Gran Canaria por la actuación "irregular" del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se estima en 350.000 euros y unos 2,3 millones de euros para el conjunto de los municipios de las islas sin contar a los cabildos.

Por ello, consideran que no se trata "de un error administrativo" y que entre las diversas consecuencias que se puedan derivar, se encuentra una "importante pérdida de recursos económicos" para Las Palmas de Gran Canaria, cantidad que este año ascendería a 350.000 euros.

Por otro lado, no quiso dar una cifra de en cuántas personas se ha desvirtuado los censos y matizó que en el caso de Santa Cruz de Tenerife "detraerle" una cantidad determinada "va a suponer un perjuicio importante pero es que la han cobrado de manera absolutamente injusta porque tienen menos población de la que tienen".

Agregó que "lo importante es que todo esto se aclare" para que se produzca un "reparto justo" entre los municipios en función de la población real.

En cuanto al hecho de que se haya podido alcanzar una cifra de 40.000 personas ficticias en la alteración de censos de diversos consistorios, apuntó que se trata de un dato que tiene "bastante fundamento" porque no ha escuchado "ningún desmentido al respecto" de los ayuntamientos a los que se hace mención.