El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha asegurado este miércoles que no le "extrañaría" que la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, "no fuera tan explícita" en el Pleno del Parlamento sobre las responsabilidades políticas de los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández por el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), como sí lo fue en una entrevista televisiva.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Castro se refería así a la comparecencia que Aguayo realizará esta tarde en el Pleno del Parlamento, a petición del grupo popular, en relación a las declaraciones que realizó en dicha entrevista, donde afirmó que Viera y Fernández tienen responsabilidades políticas en el caso de los ERE, contraviniendo así las tesis planteadas por los socialistas durante la pasada comisión de investigación celebrada en la Cámara andaluza.

Castro, que ha dicho que no sabe qué esperar de la intervención de Martínez Aguayo ante el Pleno del Parlamento, ha afirmado, no obstante, que no espera "nada" de ningún consejero socialista sobre este asunto. "Lo esperaba del PSOE y no fue posible", ha destacado el portavoz parlamentario, en relación al posicionamiento que mantuvieron los socialistas durante la comisión de investigación al centrar las responsabilidades políticas únicamente en el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero.

"Lo importante fue la comisión de investigación y todo lo que se pueda decir ahora es 'chau chau', no tiene importancia alguna", ha afirmado Castro, quien también ha mostrado el "temor" de su formación de que en la comparecencia de esta tarde "se hable más del marido de la consejera que del caso de los ERE porque esa es la forma que el PP entiende de hacer política".

Castro se refería así a la denuncia formulada esta martes por el PP-A sobre que el marido de Martínez Aguayo ha cobrado entre noviembre de 2004 y julio de 2008 más de 40.000 euros de forma "irregular o ilegal" por parte del Ayuntamiento de Burguillos por unos trabajos como "asesor urbanístico" sin que existiera "ninguna relación contractual" entre las partes y sin "ningún informe o documento que acredite que se ha hecho ningún trabajo" de los cobrados.