El presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, considera que los escraches a políticos son "un ejemplo de una libertad de manifestación" siempre y cuando "no sean violentos, como no lo son" o no supongan una ofensa o un atentado "contra la libertad de las personas", ya que entonces le parecen "rechazables".

Así lo ha dicho este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser, en la que también hablado de la convocatoria "Asedia el Congreso", prevista para este jueves 25 de abril. "No me importan estos actos, pero con esta actitud con el parlamento no me siento nada cómodo", ha dicho, demandando una "mejor conexión" entre el Congreso de los Diputados y los ciudadanos.

Con ocasión de la VIII Jornada de Puertas Abiertas de este tribunal, además, Moliner ha mantenido un encuentro con periodistas y ha vuelto a hablar sobre los escraches.

Ha insistido en que "el de manifestación es un derecho constitucional, pero si su expresión no se realiza de acuerdo a la ley puede constituir una falta administrativa o penal, depende, no se puede decir porque está en función de las circunstancias de cada manifestación. En principio, si no es violenta, es una manifestación de la libertad de expresión... pero depende de cómo se desarrolle", ha concluido.

Así, el también presidente del Consejo General del Poder Judicial ha añadido aque "no se puede opinar en general" sobre los escraches, "ni condenándolos, ni aceptándolos".

El magistrado ha señalado que, en el contexto actual de crisis socioeconómica, el poder judicial puede "tratar de acomodar la legislación" vigente a las "situaciones reales" que afectan a los ciudadanos, pero "siempre partiendo de su respeto a las normas".

Así, ha puesto como ejemplo el problema de los desahucios, ante el cual los jueces están "aplicando la doctrina" que emana de la sentencia, "muy interesante" en su opinión, dictada el pasado marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que critica la normativa española sobre préstamos hipotecarios y desahucios.

El próximo 8 de mayo, se celebrará una reunión de alto nivel en la que los jueces españoles analizarán la solución que dio el tribunal europeo con el fin de interpretarla de una manera uniforme. Pero "no será más que un criterio orientativo" y no una decisión judicial, ha aclarado Moliner.