El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha justificado el rechazo de su grupo a una iniciativa de AGE al destacar que es "plena, vieja y antigua" la colaboración de la Xunta con la Fiscalía en relación con la comercialización de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de Novagalicia Banco, pues se viene produciendo "desde hace más de un año".

En concreto, el diputado de Alternativa Galega de Esquerda David Fernández Calviño, en el pleno de la Cámara autonómica, ha defendido una proposición no de ley con la que pretendía reclamar al Gobierno gallego la aportación de documentación al fiscal, Carlos Varela.

El objetivo, según ha explicado Fernández Calviño, es que la Fiscalía pueda adoptar decisiones conducentes a la incoación de diligencias del procedimiento "penal", para que "paguen por lo que hicieron" los directivos de entidades financieras que propiciaron esta "estafa". Porque los "grandes ladrones se están saliendo de rositas", ha advertido.

No obstante, Puy ha repetido los argumentos del PP a este respecto al señalar que "hay una colaboración vieja y antigua" que se tradujo en reuniones entre responsables de la Administración y el fiscal y la remisión a este último de "más de 2.000 expedientes". De hecho, el popular ha apuntado a dos acuerdos de 2012 —a iniciativa del PSdeG— relativos al requerimiento a la Xunta para la aportación de datos a la Fiscalía.

"confiamos en la fiscalía"

El portavoz de los populares gallegos ha aludido también a la comparecencia del fiscal Carlos Varela en sede parlamentaria, donde indicó que las consecuencias de índole penal "dependerían" de la Fiscalía Anticorrupción.

Y, a mayores, ha atribuido a la colaboración entre este y la Xunta la puesta en marcha de la demanda colectiva que ahora está "pendiente" de recurrir ante el Tribunal Constitucional, puesto que la Audiencia de A Coruña desestimó su recurso al considerar que el Ministerio fiscal solo tiene legitimación para la acción de cesación y que no puede calificarse de colectiva la que denomina como 'acción de nulidad y resarcimiento'.

"Confiamos en la Fiscalía", ha resaltado Pedro Puy, quien también ha vuelto a reivindicar que el Ejecutivo gallego iniciase la "única" vía "eficaz" en la devolución de sus ahorros, que ha permitido la recuperación del dinero a "más de 15.000 familias".

"aliento" a los afectados

Frente a esto, Fernández Calviño, que ha hecho hincapié en que considera "de justicia que paguen" los responsables de "aprovecharse de la confianza" de unos 75.000 gallegos, ha resaltado la necesidad de que los afectados sientan el "aliento" de los miembros del Pazo do Hórreo con iniciativas como esta.

Por parte del PSdeG, Carmen Gallego ha mostrado su apoyo a la proposición de AGE, si bien ha mostrado sus "dudas" acerca de que, si llegase a salir adelante —la votación tendrá lugar este miércoles, en la segunda jornada del pleno—, "luego" se vaya a "cumplir", en referencia a un acuerdo unánime del Parlamento del pasado marzo que rechazaba las quitas y la aprobación en el Congreso de los Diputados de una ley que establece las mismas.

El portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, también a favor del texto, ha incidido en la ley que "legaliza una doble estafa", por la comercialización y después las quitas, que fue "votada a favor" por los diputados gallegos del PP en Madrid y "no fue recurrida por la Xunta". Así, además de reclamar que se aporte información a Fiscalía, ha subrayado que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo "debe asegurar la devolución de la totalidad del dinero" mediante la impugnación de la norma (9/2012) de reestructuración y resolución de las entidades de crédito.