El Gobierno liberaliza el transporte funerario en todo el país a través de la inclusión en el proyecto de ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) de una enmienda transaccionada entre PP y PSOE que exime de la necesidad de obtener autorización previa para el transporte, entre otros, de servicios funerarios que, además, "podrán realizarse libremente en todo el territorio nacional".

Según la enmienda, que recoge Europa Press, el transporte funerario "podrá realizarse libremente en todo el territorio nacional por prestadores de servicios funerarios, con independencia de su origen o recorrido", y además no deberán solicitar una autorización previa de transporte.

Por otra parte, los 'populares' han acabado introduciendo una previsión para los servicios de transporte de vehículos accidentados o averiados en carretera, que a partir de ahora estarán sometidos a la LOTT sin perjuicio de las especificaciones recogidas en la legislación de tráfico, circulación, vehículos a motor y seguridad vial.

Entre las enmiendas aceptadas o pactadas entre el PP y los partidos de la oposición también se cuenta una para incluir expresamente en los pliegos de condiciones de los servicios públicos las condiciones mínimas de solvencia técnica, profesional y económica que deben cumplirse para poder optar a la adjudicación; así como la dotación mínima de personal que el contratista debe adscribir al servicio. En este sentido, se obliga a las empresas a "subrogar al personal adscrito a las concesiones" de servicios que ya se estaban prestando si cambian de adjudicatario.

En el mismo sentido, las empresas sólo podrán ofrecer mejoras con respecto al pliego de condiciones cuando estén relacionadas con el régimen tanto económico como tarifario, así como la seguridad, la eficacia, la calidad y la frecuencia del servicio. "En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquéllos que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas establecidas en el propio pliego", se añade.

Además, con los cambios introducidos finalmente a la norma, se eleva de 12.000 a 15.000 euros la cuantía en disputa máxima para poder acogerse a un arbitraje de las Juntas, siempre y cuando ninguna de las partes contratantes hubiera expresado su voluntad en contra antes del inicio del servicio a prestar.

Al margen de estas propuestas de la oposición, que habían sido aceptadas ya en el trámite de Ponencia, durante la Comisión de Fomento celebrada este martes el PP también ha incluido otras modificaciones de carácter técnico y competencial, destacando la que prevé que "antes de iniciar el procedimiento tendente a la adjudicación de un nuevo contrato para la gestión de un servicio preexistente que incluyese tráficos íntegramente comprendidos en el territorio de una comunidad, la Administración General del Estado deberá solicitar el informe de ésta acerca del mantenimiento de los mencionados tráficos dentro de ese servicio o su posible segregación como servicio independiente de competencia autonómica.

Visados para vehículos ligeros

La Comisión de Fomento, que ha aprobado este proyecto de ley con los votos de PP, UPyD, CiU y PNV, ya había incluido en el texto las enmiendas de los 'populares' que, entre otras cosas, mantienen la obligación de realizar visados periódicos de autorización de transporte por carretera para vehículos de menos de 3,5 toneladas (T), y modulan las exenciones de responsabilidad de las empresas ante infracciones que cometan sus conductores.

En concreto, se precisa que los titulares del permiso o la actividad "no responderán de las infracciones cometidas en relación con los tiempos de conducción y descanso de los conductores o con la manipulación, falseamiento o uso indebido del aparato de control de los tiempos cuando acrediten que los hechos que las determinaron constituían una falta muy grave de indisciplina o desobediencia cometida por uno de sus conductores, que dio lugar a que éste fuera objeto de una de las sanciones" previstas por la legislación o los convenios, sea el despido o la suspensión de empleo y sueldo.

En todo caso, "no se tendrá en cuenta esta exención cuando la sanción disciplinaria al conductor implicado no fuera más allá de la postergación o inhabilitación para ascensos en la empresa", precisa el PP, que no obstante incluye el "falseamiento de las condiciones que determinaron" esta exención de responsabilidad para la empresa como infracción muy grave.

También se da potestad al Gobierno para "establecer criterios de proporcionalidad" ante la pérdida de honorabilidad por la comisión reiterada de alguna nueva infracción que se introduzca, vinculándolo con la dimensión de la empresa infractora; y se incluye la previsión de que la Inspección preste "especial atención en la vigilancia" de las empresas con mayor frecuencia infractora.

En aplicación del Reglamento de Derechos de los viajeros de autobús y autocar de la UE, se introduce una enmienda para "aclarar el sistema indemnizatorio" y se "acomodan" los límites de responsabilidad del transportista por daños o pérdidas de equipajes.

SUBCONTRATACIONES

Para mejorar la regulación de las subcontrataciones en este ámbito, se permite que el porteador —el que realizar de forma efectiva el servicio— pueda ejecutar acciones no sólo contra el cargador principal, sino contra "todos los que le hayan precedido en la cadena de subcontratación" a la hora de reclamar deudas, con la única excepción de la Administración pública.

Por otra parte, se permite que no sólo los herederos forzosos de un titular de autorización de transporte puedan utilizarlas, sino también el cónyuge. Con carácter general y excepto en estos dos casos, las licencias son intransferibles.

Además, se reconoce expresamente la posibilidad de las organizaciones representativas de personas con discapacidad —así como de las asociaciones de empresas usuarias del transporte de mercancías— de poder elegir un representante en el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, órgano superior de asesoramiento, consulta y debate sectorial sobre este sector.

Por otra parte, las enmiendas 'populares' recogen de forma expresa que los vehículos destinados al transporte de viajeros "deberán cumplir las condiciones básicas de accesibilidad para personas con discapacidad que reglamentariamente resulten exigibles".

Finalmente, se elimina de este proyecto de ley lo relativo al régimen jurídico de los transportes públicos de viajeros por ferrocarril, al considerar "más adecuado" que lo relativo a la prestación de estos servicios por parte de las nuevas sociedades de Renfe-Operadora se aborden "mediante una norma específicamente referida a ese modo de transporte".

Tasa de seguridad aérea

Por último, se ha introducido en el proyecto de ley una propuesta del PP para sustituir la actual prestación pública patrimonial de seguridad aeroportuaria de 0,38 euros por una nueva tasa de seguridad aérea que sufragará de forma directa las actividades y servicios de supervisión e inspección que realiza la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y que tendrá un coste de 0,58 euros por pasajero que embarque en los aeropuertos españoles, independientemente de su destino, de las etapas intermedias que formen parte de su viaje o de que el aeropuerto pertenezca o no a la red Aena.

No obstante, a la tasa se le aplicarán las "reducciones" previstas en la legislación para las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; y también estarán exentos de su pago los viajes oficiales no comerciales o los aviones de estados extranjeros en el caso de que éstos también concedan a España una exención análoga.

La entrada en vigor de la nueva tasa se producirá a los tres meses de la publicación del proyecto de ley, si bien no se exigirá en los billetes comprados antes.