El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha aprobado en pleno una ordenanza que regulará el uso cívico de los espacios públicos y privados, además de promover comportamientos responsables, así como conductas solidarias de colaboración y cooperación entre los ciudadanos.

La ordenanza que sancionará y multará económicamente los comportamientos vandálicos, así como los que perjudican y atentan contra la convivencia y la conservación y protección de los inmuebles y espacios libres públicos, se basa en una normativa similar a la aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, según explicó el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.

Asimismo, se indicó que esta ordenanza busca, principalmente, "evitar los atentados" contra el mobiliario y el patrimonio público, que posteriormente "obligan al Ayuntamiento a importantes desembolsos económicos para labores de reparación, reposición, limpieza y mantenimiento que podrían destinarse a otros cometidos mucho más necesarios".

En cuanto a las multas económicas para sancionar los actos contra el civismo se han estipulado entre 120 y 3.000 euros pero la ordenanza también promueve otras sanciones como la rehabilitación de los infractores, según informó el Ayuntamiento en nota de prensa.

Para que dicha norma no se vulnere, estarán los agentes de la Policía Local que se convertirán en los "principales defensores del civismo público en contra de las conductas que alteren, perturben o lesionen la convivencia vecinal".

La ordenanza recoge, entre sus prohibiciones, la práctica de la prostitución y los juegos de apuestas callejeras; el acopio de enseres, materiales o muebles en los balcones; tender la ropa en terrazas o azoteas vistas desde la calles; la mendicidad insistente, intrusiva, agresiva o incluso organizada; o el mal uso de los servicios públicos, entre otras.

Finalmente, se indicó que el objetivo del gobierno municipal se centra en que una vez se apruebe definitivamente la ordenanza, tras su plazo de exposición pública, se pretende editar una guía práctica para distribuirla entre los centros públicos, educativos y culturales, así como entre los colectivos sociales y vecinales, deportivos, mercados y oficinas de turismo, hoteles y restos de establecimientos públicos.