La Junta acuerda este martes recurrir en TC el real decreto que modifica el régimen de tasas judiciales fijado por ley

El Consejo de Gobierno tiene previsto autorizar en su reunión de este martes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley 3/2013 que modifica el régimen de las tasas judiciales que contenía la Ley 10/2012 y que la Junta ya acordó recurrir el pasado 22 de enero, según han informado a Europa Press fuentes de la Oficina del Portavoz del Ejecutivo.

El Consejo de Gobierno tiene previsto autorizar en su reunión de este martes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley 3/2013 que modifica el régimen de las tasas judiciales que contenía la Ley 10/2012 y que la Junta ya acordó recurrir el pasado 22 de enero, según han informado a Europa Press fuentes de la Oficina del Portavoz del Ejecutivo.

A juicio del Gobierno andaluz, en la reforma se mantienen los motivos de inconstitucionalidad que propiciaron el primer recurso contra la ley estatal.

Para la Junta, se sigue generalizado el pago por el acceso a la administración de justicia hasta el extremo de suponer un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, estima que persiste la vulneración del principio de igualdad y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Como se recordará, el 22 de enero, el Gobierno andaluz autorizó la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula la tasas judiciales y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

A juicio del Gobierno andaluz, los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de dicha norma estatal vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución Española, al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno central acordó, con posterioridad, por real decreto ley modificar algunos de los contenidos de dicha norma.

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