La Fiscalía de Sevilla ha presentado una querella contra la exalcaldesa de Villaverde del Río Evangelina Maestra Cabrera (PSOE) por conceder una licencia de obras para construir 82 viviendas —77 de ellas de protección oficial— y garajes en la localidad en contra de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y pese a los informes desfavorables emitidos por el secretario y el arquitecto municipales.

En la querella elevada al Juzgado decano de Lora del Río, consultada por Europa Press, el Ministerio Público considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio por prevaricación, pues considera que la licencia de obras otorgada por la exalcaldesa "es claramente contraria" a la normativa de planeamiento vigente.

El fiscal responsable de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Rufino, relata que fue después de recibir un escrito procedente del Ayuntamiento de Villaverde cuando la Fiscalía incoó diligencias de investigación por las posibles irregularidades en la concesión de una licencia de obras para 77 viviendas de VPO, cinco viviendas unifamiliares y garajes.

Así, señala que el promotor de las obras, inicialmente, solicitó licencia de obras para movimiento de tierras, lo que fue concedido, y a continuación pidió licencia para edificar 30 viviendas unifamiliares, que obtuvieron informes técnico y jurídico favorables bajo determinadas condiciones, por lo que finalmente se concedió la licencia de obras por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el 26 de octubre de 2007, un trámite que no merece reproche penal.

Sin embargo, y sin haber ejecutado aquellas viviendas, la promotora solicitó el 15 de enero de 2009 licencia de obras para construir en el mismo lugar "no las 30 viviendas antes autorizadas, sino 77 viviendas en edificación plurifamiliar y otras cinco viviendas unifamiliares, con un proyecto totalmente diferente a lo autorizado hasta esa fecha".

Esta solicitud, según indica el fiscal, contó con el informe desfavorable por parte del secretario y arquitecto municipales, quienes advirtieron a la entonces alcaldesa de que el aumento de edificabilidad solicitado en ese momento por la promotora requería de la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento en vigor en el municipio.

La querellada,

"consciente de la manifiesta injusticia" de dar la licencia

Asimismo, tanto el secretario como el arquitecto del Ayuntamiento informaron a la querellada de que, si bien el proyecto nuevo se adecuaba al estudio de detalle presentado y al proyecto de reparcelación, era necesaria la previa aprobación de la modificación puntual de la norma de planeamiento y de su adaptación a la ley andaluza.

"No obstante la claridad del informe técnico y jurídico advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia", la exalcaldesa, "consciente de la manifiesta injusticia de otorgar la licencia y tomando en consideración expresamente en su resolución el dictamen técnico y jurídico con las objeciones que le indicaban los funcionarios cualificados", dejó sin efecto la licencia anterior de 26 de octubre de 2007 y concedió la licencia de obras para construir las 82 viviendas y los garajes.

El fiscal asevera que la exprimer edil justificó su decisión "por la urgente necesidad de viviendas de VPO y la situación económica de la localidad y el sector de la construcción (...) y el compromiso asumido por el promotor para el desarrollo de la unidad donde se ubica la parcela", una afirmación "carente de respaldo legal o reglamentario".

Incumplimiento "llamativo" de la ley andaluza

La licencia de obras para las viviendas, que finalmente no se ejecutaron, afectaba a suelo urbano no consolidado "al no haber cumplido los deberes" de urbanización y cesión que imponían las normas subsidiarias, que preveían una capacidad total máxima en esa zona de 50 viviendas, de modo que la decisión de la querellada "incumplía llamativamente" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y las propias normas subsidiarias.

El pleno del Ayuntamiento, en sesión de 12 de julio de 2012, tomó la iniciativa para la revisión de oficio de la licencia ilegal descrita y la restauración del suelo a un estado compatible con la legalidad.

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