El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado en el Pleno ordinario su adhesión al Convenio para la Creación de un Fondo Social de Viviendas conforme al cual colaborará para que las familias de este municipio que puedan verse afectadas por especiales condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a arrendamientos sociales.

En una nota, el ayuntamiento alcalareño informa de que este fondo social de viviendas propiedad de las entidades de créditos firmantes (5.891 viviendas en el territorio nacional) tiene el objeto de acoger a aquellas personas desalojadas de su vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2008 por el impago de un préstamo hipotecario cuando concurran en ellas situaciones de vulnerabilidad social, tales como desempleados sin prestaciones, familias numerosas o con hijos muy pequeños, discapacidad, unidades monoparentales, situaciones de dependencia, entre otros.

Con esta adhesión, el ayuntamiento alcalareño se compromete como entidad colaboradora a asesorar a quienes piden información sobre el procedimiento para solicitar una vivienda de los fondos sociales, emitir el informe sobre la valoración de las circunstancias sociales, colaborar con las entidades de crédito en la evaluación de las solicitudes cuando se le requiera, y difundir en su territorio e informar a los ciudadanos sobre el mencionado convenio.

El Ayuntamiento quiere con ello colaborar en la ayuda a las familias más afectadas por el deterioro de la situación económica, ya que "la intensidad y gravedad de las consecuencias que ocasionan los desahucios sobre las circunstancias personales y sociales de las familias exigen adopción e medidas por todas las administraciones y agentes económicos y sociales".

Este convenio se formalizó en enero de 2013 entre los Ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y provincias, la Plataforma del tercer Sector (Organizaciones no gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito, y responde a las medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios al amparo del Real Decreto-Ley 27/2012.

Los fondos sociales de viviendas constituidos en cada entidad de crédito se destinarán a aquellas familias cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de una ejecución iniciada por esta misma entidad de crédito, por ello es ante ella donde se solicitan.

La duración de los contratos de arrendamientos sociales, en función de los ingresos, serán de dos años, con viviendas en condiciones para su uso inmediato, y sujetas a un principio de disponibilidad geográfica. Los tributos y obras de reparación en dichas viviendas son responsabilidad del propietario, aunque los suministros (agua, luz, gas) correrían a cargo de los arrendatarios.