El Juzgado de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha solicitado al Colegio de Abogados sevillano que designe un abogado de oficio para defender al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, todo ello después de que su letrado renunciara a su defensa hace ya casi un mes por "disparidad de criterios".

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que ha sido este mismo lunes cuando el Colegio de Abogados de Sevilla ha recibido el escrito en el que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla solicita a esta institución que designe a un abogado de oficio que se haga cargo de la defensa de Guerrero, actualmente en prisión provisional.

El que fuera abogado de Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, renunció a defenderlo el pasado día 26 de marzo después de que el imputado prestara declaración ante la juez Mercedes Alaya pese a su recomendación para que no lo hiciera, tras lo que la magistrada ordenó su ingreso en la cárcel por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación, y cohecho, así como un delito de asociación ilícita.

Las fuentes consultadas por Europa Press han señalado que, una vez recibida la solicitud por parte del Juzgado instructor, el Colegio de Abogados nombrará de forma provisional a un abogado de oficio procedente del turno especial penal, formado por abogados con más de cinco años de experiencia y que se creó para aquellas causas que pueden llevar aparejadas penas de más de seis años de prisión.

Esta petición, por tanto, "se está cursando", todo ello en tanto en cuanto se sustancia el expediente de justicia gratuita, en el cual se investigarán los bienes propiedad del imputado, punto en el que hay que recordar que el Juzgado ya le embargó recientemente dos fincas, todos sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria a fin de hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros que le impuso en su día la juez.

Finalmente, será la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la que decida si Francisco Javier Guerrero tiene derecho a la misma, de manera que, en caso de que sí tenga derecho, el letrado de oficio que sea nombrado de forma provisional para su defensa pasará a ser definitivo, han explicado las fuentes consultadas.

El pasado día 20 de marzo, la juez Alaya interrogó a Guerrero en relación al supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo, una investigación que lidera la Guardia Civil y que se mantiene bajo secreto sumarial.

Segundo ingreso en prisión

Tras ello, la magistrada ordenó su ingreso en prisión aludiendo a "la posibilidad de que la actuación del inculpado pueda obstaculizar las diligencias de investigación, así como malograr el fin perseguido con el secreto decretado de las actuaciones, pues estando en libertad puede influir en medios de prueba que pudieran serle desfavorables", a lo que se suma "la escasa colaboración y el escaso nivel de respuesta" del imputado.

Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el día 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después de abonar 50.000 euros de fianza.

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