El Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide se ha marcado como objetivo para esta legislatura reforzar la formación de las personas mayores para dotarles de recursos, de manera que este colectivo "sensible de sufrir posibles engaños" pueda actuar de forma "crítica y responsable" y evite los fraudes.

La directora de Kontsumobide, Belen Greaves, ha comparecido este lunes en la comisión de Salud y Consumo del Parlamento vasco para explicar los planes y proyectos del Instituto para esta legislatura.

Greaves ha señalado que Kontsumobide tiene como principal objetivo "acercarse" a la ciudadanía vasca y ofrecer "el mejor servicio" a las personas y empresas que acudan en busca de información, protección, asesoramiento o formación en materia de consumo.

"Queremos ayudar a las personas a ser conscientes de sus derechos pero también de sus deberes, porque todos debemos esforzarnos en lograr un consumo más sensato, más sostenible y también más solidario", ha destacado.

En este sentido, ha explicado que el Instituto aspira a convertirse en el "referente" en materia de consumo para los vascos, "ofreciendo información y formación de calidad, actuando de manera ágil y eficaz, apostando por la cercanía con la ciudadanía y anticipándonos a las nuevas necesidades y tendencias".

Asimismo, busca fortalecer las políticas de consumo y, con el fin de alinear el trabajo de las distintas entidades en defensa de los consumidores con los objetivos estratégicos de Konstumobide, se mantendrán los mecanismos de apoyo económico.

De esta manera, los presupuestos de Kontsumobide destinan casi un millón y medio de euros a las oficinas municipales (OMICs) y a las asociaciones de consumidores, y se programarán nuevos servicios de coordinación que permitan la adopción de criterios de actuación comunes.

Objetivos específicos

En relación a los objetivos específicos para la legislatura, Kontsumobide pondrá "especial atención" en las personas mayores, un colectivo "sensible de sufrir posibles engaños". Por ello, se llevará a cabo un mayor control incrementando las actuaciones de inspección, y se ofrecerá más información y formación para dotar de recursos a estas personas a fin de que puedan actuar "de forma crítica y responsable" y sea capaz de evitar posibles fraudes.

A su vez, incidirá en la información y formación orientada a nuevas necesidades y tendencias. Por ello, realizará nuevos estudios sobre hábitos de consumo para detectar deficiencias y necesidades y conseguir ser "más eficientes". De hecho, desde este mes se va a implantar un sistema de medición de la satisfacción de los usuarios de Kontsumobide, que servirá para "mejorar en calidad".

También se van a incrementar los talleres y cursos de formación que se imparten gratuitamente en las sedes del Instituto, así como en centros escolares y centros de mayores, con el objetivo de formar a un mayor número de personas consumidoras.

En materia de reclamaciones, se pretende ir reduciendo progresivamente el tiempo medio de resolución. Para este año, el objetivo es que todas las reclamaciones queden resueltas antes de 60 días, mientras que el tiempo medio en la actualidad es "de poco más de dos meses".

Al mismo tiempo, se va a impulsar la teletramitación, un nuevo servicio para interponer reclamaciones vía telemática. Con ello, se busca "acercar Kontsumobide a la ciudadanía facilitando la vía de acceso a las reclamaciones, ahorrando costes y tiempo".

EMPRESAS

Otro de los objetivos marcados es fomentar relaciones entre las instituciones, empresas y personas consumidoras. En caso de conflicto, se apostará "decididamente" por la mediación y el arbitraje como medida para evitar llegar a "costosos y complicados" procedimientos judiciales y administrativos.

En cuanto a las empresas, se espera seguir incrementando el número de compañías adheridas a los sistemas de arbitraje, un distintivo que "refuerza la confianza de sus clientes, ofrece un plus de garantía en sus compras e incorpora un elemento adicional de calidad a sus productos y servicios, entre otras ventajas".

Además, se promoverán colaboraciones y, en su caso, convenios con empresas y sectores que presenten mayores índices de conflicto, con el fin de "fomentar la calidad en la atención a la persona consumidora y agilizar los trámites de una reclamación".

Por último, se incrementarán el número de campañas de inspección de productos y servicios para verificar el cumplimiento normativo por parte de las empresas.