Escrache
Escrache EFE

La Policía Nacional prohíbe la palabra escrache. El Centro Nacional de Comunicación, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, ha enviado una instrucción a todas las jefaturas españolas que ordena que todas las "comunicaciones, escritos y diligencias" en las que notifiquen escraches a representantes políticos ya se no se utilice precisamente esa palabra, escrache, y que se use en su lugar la "acepción castellana correspondiente", como acoso, amenazas, coacciones...La orden está fechada el 19 de abril a las 23.45 horas. El acoso, las amenazas y las coacciones son tres delitos recogidos en el Código Penal.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, centró el debate hace unos días en la semántica de la palabra. "Qué es esto de los escraches, son acosadores", sentenció Arenas durante el acto de clausura de la Junta Directiva del PP de Sevilla. Tras señalar que una de las acepciones de escrache es "destruir, romper y aplastar", el dirigente popular dijo que él se quedaba con otra, que es la de acosadores, porque le parecría "demencial" pretender conseguir derechos "pisoteando los derechos de los demás".

Los ministros evitan pronunciar la palabra escrache El domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue escenario de un escrache a principios de abril. Tras este acto de protesta, la Delegación del Gobierno abrió expediente sancionador a 18 personas. Es curioso como en las dos últimas ruedas de prensa tras el Consejo de Ministro de los viernes, tanto la vicepresidenta como los ministros que comparecieron evitaron pronunciar la palabra escrache.

El sindicato Manos Limpias ha ido más allá y ya ha denunciado ante el fiscal general del Estado a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, como presunta inductora y cooperadora necesaria en delitos de amenazas y coacciones por los escraches a políticos.

El SUP critica la orden

Para el sindicato policial SUP, "lo que hace la Dirección General es decir que debemos imputar esos hechos delictivos en todos los escraches, ya que en un escrache, seguimiento o manifestación pacífica, puede haber o no coacciones, amenazas o acoso". Su secretario general, José Manuel Fornet, explica que con esta directiva "estamos obligados a hacer una comunicación al juzgado puesto que estamos imputando un delito, y por lo tanto, debemos identificar a las personas a las que vamos a acusar".

Fornet va más allá: "Puede ocurrir con esta criminalización masiva que hagamos una denuncia y que el acosado, amenazado o coaccionado no ratifique nuestra denuncia ante el juez, y que los denunciados nos denuncien a los policías por denuncia falsa. Y los responsables penales de ello serán los policías que firmen la nota, no el ministro ni el director general".

El SUP recomienda que se use "seguimiento o manifestación pacífica" El sindicato ha remitido ya una circular a todos sus afiliados en la que les recomienda que cumplan la orden y dejen de utilizar el término escrache, pero que se refieran a ellos como "seguimiento o manifestación pacífica". El sindicato recomienda a los agentes "que no imputen a nadie ningún acto delictivo sin poder demostrar que se ha cometido", por lo que aconsejan que primero sea el acosado, amenazado o coaccionado quien presente la denuncia, a la que después se agregarían los atestados policiales.

El que ahora firma esta prohibición, el DAO o número dos de la policía, emitió otra orden interna el 9 de abril en el que se prohibía la celebración de escraches a menos de 300 metros de "los domicilios de autoridades y personalidades políticas". Interior matizó después esta orden.