Apuesta por "reordenar" la ley del indulto para "evitar equívocos en su aplicación" y descarta que la consulta catalana quepa en la actual Carta Magna

Ve "sorprendente" la actuación de la Fiscalía ante la imputación de la infanta Cristina y aboga por que el INE incluya preguntas sobre el modelo de Estado

En medio del proceso de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el exministro de Justicia y actual secretario provincial del PSOE de A Coruña, Francisco Caamaño, no sólo se ha pronunciado sobre el proyecto de real decreto, sino sobre la propia función del órgano de gobierno de los jueces. "Mi opinión es que, si algún día se reforma la Constitución, es de las cosas que seriamente deberíamos poner sobre la mesa y replantearnos", ha defendido.

Y es que, como ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press, la figura del Consejo "sólo existe en España e Italia", si bien en este país está presidido por el ministro de Justicia de turno. Ahora, tras "más de 30 años de Constitución", el socialista ha expresado sus "dudas" sobre si se "acertó" al introducir este órgano dentro de la Carta Magna.

"Mi opinión, vista la experiencia de este tiempo y también la italiana, es que no ha sido la mejor de las decisiones que tomó el constituyente", ha profundizado, partidario si no de su eliminación, "al menos" de su "sustitución tal y como está constitucionalmente concebido a día de hoy en España".

En cuanto a la reforma impulsada por el Gobierno, se ha mostrado "en contra" del sistema de elección corporativa de sus miembros, que finalmente no se impondrá, convencido de que el hecho de que sean elegidos por el Congreso "en nada perjudica a su futura independencia". Sobre todo, porque, ha señalado, el CGPJ no tiene entre sus funciones "dictar sentencias".

Así las cosas, el líder de los socialistas coruñeses se ha preguntado "qué sentido tendría cerrar sobre sí mismo un órgano del Estado y desvincularlo del Parlamento, que es el órgano que representa la voluntad de los ciudadanos". "Alguien debería explicar cuáles son las ventajas del modelo corporativo frente al modelo que hemos tenido con participación del Parlamento", ha sentenciado.

"muy crítico" con los indultos

Sin abandonar el ámbito jurídico, Caamaño también ha reflexionado sobre la figura del indulto, con la que se ha mostrado "muy crítico", pese a que "existe en todos los países democráticos" y a que "administrado con prudencia, tiene su razón de ser".

Es por ello que ha juzgado que, en España, habría que "reordenar su ley, actualizarla", ya que data de 1870, al objeto de "poner algunas cosas con claridad" para "evitar equívocos en su aplicación".

En lo que atañe a la última medida de gracia concedida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, ha recordado que la solicitud "cumplía todos los requisitos previstos en la ley, incluyendo el informe favorable del Ministerio Fiscal".

Pero, después de que el Tribunal Supremo anulase parcialmente esta medida arguyendo que el Ejecutivo se extralimitó al borrar también los antecedentes penales de Saénz, el dirigente socialista ha incidido en que el procedimiento "siguió los precedentes que hasta ese día habían existido".

"Ahora el Supremo ha determinado que el Gobierno, cuando concede indultos, no puede vincularle efectos administrativos. Lo ha hecho por primera vez y, a partir de ahora, todos tenemos que estar a lo que diga", ha concluido.

"cuestión nacional"

Otra de las cuestiones abordadas ha sido la denominada "cuestión nacional" de Cataluña y la posibilidad de llevar a cabo una consulta sobre la pertenencia a España. "Personalmente, creo que no es posible sin reformar la Constitución", ha sostenido Caamaño.

Lo ha argumentado en que Cataluña "por sí misma, no puede convocarla" y en que la Carta Magna "sólo reconoce el referéndum con carácter consultivo", si bien una consulta de estas características tendría "una naturaleza vinculante". De este modo, la única vía pasaría por reformar el artículo que rige sobre los plebiscitos, que podría hacerse por la vía más simple —"no requiere procedimiento agravado"—.

No obstante, este catedrático de Derecho Constitucional ha puesto en duda que España tenga hoy "un escenario institucional con tranquilidad suficiente" para plantear este tipo de cambios. Además, a su juicio, lo "prioritario" es resolver "los grandes problemas", los de las familias "que no llegan a fin de mes" y los relativos al acceso y la "calidad" de los servicios públicos.

Dicho esto, ha admitido que "en algún momento habrá que buscar una solución a la llamada cuestión nacional", pero se ha mostrado partidario de que se haga en base a "un acuerdo de todas las fuerzas políticas implicadas". "Como se ha hecho en otros países, en Canadá con Québec y en Reino Unido con Escocia", ha ejemplificado, antes de subrayar que "por ahora, ese escenario no se está dando" en España.

Caso noós

Por otra parte, ha considerado "sorprendente" la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Noós'. "Como la mayoría de los juristas de este país", ha reforzado su visión, amparándose en que "pocas veces se ven" medidas similares. En todo caso, el exministro ha rechazado abundar más en este aspecto sin conocer "los argumentos por los que lo ha hecho" el Ministerio Fiscal.

Al hilo de las polémicas que está viviendo la Casa Real, preguntado al respecto, se ha mostrado a favor de que el Instituto Nacional de Estadísticas consulte a los españoles sobre la Jefatura del Estado. "Pero no por estos casos, sino con absoluta normalidad", ha puntualizado, antes de resaltar que "es bueno conocer qué piensan los ciudadanos".

En esta línea, ha propuesto también encuestas sobre "otras cuestiones importantes", como la "estructura territorial" del Estado. "Llevamos más de 30 años de Constitución, que ha marcado las líneas, pero no es un documento sagrado. Las constituciones se hacen para las personas", ha finalizado.

"CORRUPCIÓN"

A mayores, ha urgido la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, a fin de dotar a la Justicia de "un sistema rápido de decisión" evitando instrucciones que "duran años". Sobre todo, porque ciertos casos, a su modo de ver, ponen "en juego la base misma de la democracia" al afectar a "instituciones" u organizaciones como "partidos y sindicatos", que "tienen un cometido constitucional prioritario y básico".

En este sentido, sin obviar posibles "modificaciones" en la Ley del Tribunal de Cuentas o en el Código Penal para "incrementar las penas", ha juzgado que lo más importante para combatir la "corrupción" es cambiar la mencionada norma. "Para poder tomar decisiones en un tiempo breve y con la contundencia prevista en las leyes", ha remachado el diputado del PSdeG.

"CENSURA"

Finalmente, acerca de la potestad que daría a los jueces el borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal de paralizar la difusión de un medio de comunicación para impedir la filtración de sumarios, Caamaño ha alertado de que se trata de algo "preocupantísimo".

Sugiriendo que se trata de una forma "indirecta" de "censura", ha destacado la importancia de la información "en una sociedad libre". "Cargar las tintas contra los medios no me parece nunca lo más acertado", ha reprobado, y ha atribuido este proceder a "la mentalidad de la derecha española" en los casos de conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor y a la intimidad.

"Quienes creemos que sin opinión pública libre no puede existir la democracia, arriesgamos un poco a favor de la libertad de expresión porque anteponemos el interés colectivo sobre el particular", ha explicado, para diferenciarse de los que "nunca" han tenido inconveniente en "blindar a las personas, aún a costa de perjudicar la intensidad democrática de una sociedad".