Las plataformas de afectados por la hipoteca y Stop Desahucios de Euskadi han instado al Parlamento vasco a "adoptar medidas legislativas urgentes" tomando como base el Decreto de la Junta de Andalucía sobre desahucios y expropiación de viviendas vacías.

En una rueda de prensa en San Sebastián, portavoces de Stop Desahucios y de las plataformas de afectados por la hipoteca han criticado que el PP ha cerrado una vez más "en falso" el problema de los desahucios.

En este sentido, han opinado que el texto aprobado "en solitario" por el PP "desvirtúa por completo" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios y por la dación en pago, avalada por "1,4 millones de firmas y apoyada por el 90 por ciento de la población".

Tras criticar que haya "miles de casas en manos de las entidades financieras que se encuentran vacías incumpliendo la función social para la que fueron construidas", han calificado de "inservibles" medidas como el protocolo anunciado por el Gobierno vasco contra los desahucios, que, a su juicio, es "una cortina de humo".

Por ello han pedido a los partidos con representación en el Parlamento vasco que, al igual que ha hecho la Junta de Andalucía, elaboren "una Ley urgente que acabe con esta paradoja de gente sin casa y casas sin gente" y que "regule la expropiación de estas casas vacías, unas 81.000 en el País Vasco, especialmente las que se encuentran en manos de las entidades financieras".

También han exigido que se publique, a la mayor brevedad, un censo detallado de viviendas vacías, desglosando quién es el propietario y han instado al Ejecutivo vasco a "expropiar las viviendas vacías para destinarlas a familias desahuciadas que abonarán un alquiler social". Al respecto, han abogado porque durante el periodo en que las viviendas estén ocupadas por los afectados se interrumpiría el cómputo de la deuda y los intereses de demora, no pudiendo, la entidad financiera, iniciar ningún procedimiento de ejecución hipotecaria sobre los bienes de los avalistas.

Finalmente, han reclamado un alquiler social fijado en función de los ingresos de la unidad familiar, revisables, y los ayuntamientos han de contribuir a disminuir el número de viviendas vacías y que estas se destinen al alquiler social.