El vicepresidente del Parlamento andaluz y diputado autonómico de IU por la provincia de Cádiz, Ignacio García, ha lamentado la "vuelta de tuerca antisocial que ha dado el PP al programa Reindus" al establecer una baremación de los proyectos "fundamentalmente técnica y económica", dejando "en segundo plano" cuestiones como el empleo y "eliminando" otras como las encaminadas al reequilibrio entre territorios.

En declaraciones a Europa Press, García ha explicado si se compara la Orden de este año -en alusión a la Orden IET/611/2013, de 11 de abril, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas a la reindustrialización, lo que se conoce como plan Reindus-con la de 2012, destaca que la generación de empleo era entonces un 25 por ciento de la puntuación de un proyecto, rebajándose en la presente convocatoria al cinco por ciento.

Señala que también el año pasado, los criterios de baremación incluían que un 25 por ciento dependía de la situación socioeconómica del municipio en el que se pretendía desarrollar el proyecto. Es decir, que "contaba el nivel de desempleo, la evolución de la población, del empleo industrial, etcétera". Sin embargo, esos parámetros "han desaparecido" en la convocatoria de este año.

A juicio de García, el PP ha dado una "vuelta de tuerca antisocial" al programa con la introducción de estos cambios, puesto que "no preocupan los aspectos sociales, especialmente el primer problema que tenemos en Andalucía, que es el empleo". Asimismo, considera que el Gobierno 'popular' descarta hacer del programa "una herramienta de reequilibrio entre territorios" que intente "recuperar industria" en aquellas zonas que más han perdido.

García lamenta la situación, al entender que "podrían premiarse proyectos de escaso interés social pero que sí den mucho dinero al inversor". Y es que, según insiste, la nueva ponderación abre la puerta a la aprobación de proyectos que "no creen empleo y no tenga beneficios en la zona en la que se instalan".

También ha opinado sobre este asunto el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Cádiz, Sebastián Terrada, quien entiende que el "cambio total" en el sentido de estas ayudas "perjudica a Andalucía en su conjunto, pero de manea especial a la provincia de Cádiz y, más concretamente a la zona de la Bahía", que recuerda que está marcada por "un alto nivel de desempleo" y que ha experimentado en los últimos años "una tremenda deslocalización".

Finalmente, tanto García como Terrada han confiado en que los criterios de ponderación no sean utilizados para no llegar a aplicar a los 100 millones de euros que el programa prevé para la provincia gaditana.