El Senado
Imagen de archivo del interior del senado. EUROPA PRESS

El Senado tramita estos días una ley aprobada ya por el Congreso que pone en peligro la actividad supervisora de una de las entidades independientes más rentables de España, a la luz de los datos: La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que con un presupuesto anual de algo más de 12 millones de euros al año ha logrado recaudar, por medio de sanciones y expedientes a empresas, más de 698 millones en sus primeros (y últimos) cinco años de funcionamiento. Solo en el último ejercicio (2012) el importe de las sanciones impuestas fue de 252 millones.

Esta nueva legislación no tiene precedentes en los países del entorno: Holanda lo ha puesto en marcha este mismo mes El Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se espera aprobar como muy tarde el próximo mes de junio, supondrá la aglutinación en un solo órgano de siete reguladores sectoriales (Energía, Mercado de las Telecomunicaciones, Juego, Aeropuertos...) junto al órgano supervisor encargado de velar por que en la economía española haya una mayor y libre competencia.

Esta agrupación de organismos reguladores (que se encargan básicamente de controlar a las empresas de su sector antes de que lleven a cabo su actividad) y el supervisor de la competencia (encargado de revisar a las empresas a posteriori) en un solo superregulador es un proyecto sin apenas precedentes en los países de nuestro entorno. Tan solo Holanda acaba de aprobar, este mismo mes de abril, una ley similar. "Este es un camino que nadie ha recorrido", ha explicado el presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Joaquín García.

El proyecto, que fue criticado por Bruselas, sufrió durante su tramitación en el Congreso una modificación que supondrá dividir en dos salas independientes la función de control de la Competencia y la de regulación de los mercados sectoriales. El modelo, sin embargo, sigue lejos de parecerse al modelo alemán (que mantiene un supervisor de competencia por un lado y un regulador por otro), tal como pedían la mayoría de grupos de la oposición y las autoridades comunitarias.

La excusa: el ahorro de costes

¿Por qué juntarlos todos? El Gobierno, en su exposición de motivos para defender esta nueva legislación, ha argumentado que así se logrará incrementar la eficiencia en la asignación de recursos públicos, "evitando duplicidades por el solapamiento de funciones". También incide el Ejecutivo que la nueva CNMC dará mayor "seguridad jurídica" a las empresas y permitirá una mayor "independencia y neutralidad del organismo", algo que discuten analistas consultados por este diario y las propias comisiones, que han sido críticas en sus dictámentes (no vinculantes) acerca del proyecto de ley.

Fuentes de Competencia alertan de un evidente conflicto entre reguladores y supervisión Fuentes de Competencia consultadas por este diario auguran una notable pérdida en la eficiencia sancionadora del nuevo organismo, lo que a su vez repercutirá en su capacidad recaudatoria. Primero porque contará con menos efectivos para resolver los expedientes: La actual CNC cuenta habitualmente con seis consejeros a tiempo completo y dedicación exclusiva que forman parte de la instrucción de cada caso, mientras que la nueva CNMC tendrá 10 consejeros en total, cinco de los cuales formarán parte de la sala especial de Competencia. Estos consejeros, además, irán rotando periódicamente de una sala a otra, con lo que "se perderá capacidad de especialización", explican desde la CNC.

Otro problema de mayor calado, según estas mismas fuentes, está en el "conflicto evidente" entre regulación y control de competencia. "No será fácil, a nivel jurídico, que los sectores regulados puedan ser controlados a posteriori. Para las empresas eléctricas, por ejemplo, será fácil recurrir cualquier expediente en un tribunal si alegan que ya han cumplido con su regulación sectorial. Es un modo peculiar de dar seguridad jurídica a las grandes empresas", señalan desde Competencia.

En esta misma línea, los juristas del blog ¿Hay derecho? han criticado que esta parece ser "una norma hecha a medida del antiguo monopolio de telecomunicaciones". Y es que, tal como indican, gran parte del espíritu de la ley se basa en un informe encargado por Telefónica a la consultora PwC. En dicha "propuesta", de febrero de 2012, se apostaba por la integración de los diferentes organismos con la excusa de un ahorro de costes "de entre 18 y 23 millones de euros anuales".

Más crítico aún ha sido el economista Gerard Llovet, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que en el blog Nada es gratis habla de una reforma "apresurada" y de una "involución de 20 años en la regulación de estos mercados", debido al traspaso de numerosas competencias a los ministerios.

Sin trabajo adelantado

A falta de que se apruebe definitivamente la ley del nuevo superregulador (se espera para junio), se abrirá un proceso transitorio de unos cuatro meses, en los que las antiguas instituciones convivirán con la recién creada. Este proceso, conllevará, según analistas consultados por este diario, importantes procesos de adaptación metodológica, tecnológica y humana.

Pues apenas a falta de un mes para que comience el proceso de transición, fuentes consultadas por este diario han asegurado que no se ha adelantado nada de trabajo entre organismos. "La transición será un problema y llevará meses para que se comience a funcionar con normalidad", aseguran.