Un total de 28 nuevos ayuntamientos de Málaga se han adherido este jueves al Programa en Defensa de la Vivienda de la Junta, una iniciativa que cuenta ya con el apoyo de 157 consistorios en toda la Comunidad y que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía.

De los municipios que se han sumado este jueves a este programa, 11 pertenecen a la Serranía de Ronda —Almargen, Benadalid, Gaucín, Banarrabá, Beanaoján, Algatocín, Parauta, Montejaque, Benalauría, Igualeja y Jimena de Líbar—, otros 11 a las comarcas de Antequera y Valle del Guadalhorce —Arriate, Tolox, Pizarra, Casarabonela, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Alozaina, Cuevas Bajas, Fuente de Piedra, Villanueva del Trabuco y Villanueva de la Concepción— y seis se localizan en la Axarquía —Canillas de Aceituno, Macharaviaya, Torrox, Alfarnate, Comares y Frigiliana—.

Con este nuevo impulso son ya 49 los ayuntamientos de la provincia de Málaga que han querido formar parte de este "bloque institucional andaluz para la defensa de las víctimas de la crisis frente a las entidades financieras", según ha señalado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, durante el acto de la firma, que ha tenido lugar en Arriate.

Tras la entrada en vigor del Decreto-Ley de la Función Social de la Vivienda, Cortés ha subrayado que "ahora las oficinas tienen una herramienta más que poner encima de la mesa para defender los intereses de los ciudadanos" porque "supone un giro radical en la forma de encarar la vivienda: de ser mercancía a considerarla un derecho, al tiempo que da una respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social".

"Nuestra obligación es defender el interés general y el decreto-ley se ubica justo en el lugar que le corresponde, al lado de las víctimas", ha insistido Cortés, para quien la Consejería está cumpliendo con su compromiso de "exprimir todas las competencias a nuestro alcance" para activar medidas en defensa de las familias.

En este punto, ha incidido en que "en junio paralizamos los desahucios en el parque público de viviendas de la Junta, en julio participamos en el Plan de Choque por el Empleo para generar actividad en el sector de la construcción mediante la rehabilitación de inmuebles en municipios aquejados por un elevado paro, en octubre pusimos en marcha el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y hoy se suma el decreto-ley". Y es que, como ha asegurado "seguiremos estando al lado de los ciudadanos".

Oficina contra desahucios

Cortés ha recordado, además, el balance de los primeros seis meses de funcionamiento de la oficina de intermediación contra los desahucios de Málaga, periodo durante el que se han recibido un total de 476 visitas, que han dado lugar a 387 casos atendidos.

De ellos, 25 se han tramitado por la vía de la prevención, 323 en el área de la intermediación y 39 en el ámbito de la protección, ha expuesto la titular andaluza de Fomento y Vivienda.

De los 323 casos que han dado lugar a negociaciones, 155 se han resuelto de forma positiva, lo que significa que el 48 por ciento de las familias permanecen en sus viviendas. El resto aún está en trámite.

"El objetivo fundamental cuando abrimos las oficinas era que las personas que acudían a las mismas no perdieran su vivienda. Y podemos decir que lo hemos conseguido, lo que significa que la política sí puede cambiar las cosas si una administración se pone del lado de las víctimas, de los débiles", ha puntualizado.

Las 39 familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución.

En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas.

La oficina de Málaga está comprobando si los afectados ya desahuciados han encontrado alguna solución de emergencia, bien con sus familiares o de realojo, y están debidamente atendidas en el aspecto social.