El diputado de Hacienda de la Diputación de Toledo, Juan José Gómez-Hidalgo, ha desmentido que la deuda de la institución provincial aumentara durante 2012 y ha precisado que durante este periodo descendió en un 5 por ciento.

Así ha informado la institución provincial en un comunicado, en el que ha matizado la información proporcionada por los medios de comunicación, en base a los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en los que se detallaba que la deuda de la Diputación de Toledo había aumentado.

La Delegación de Economía y Hacienda de la Diputación de Toledo ha asegurado que dicha información es "errónea", dado que no compara magnitudes iguales, al tomar en el año 2011 la deuda bancaria como referencia y en el año 2012 la deuda total.

Así, la Diputación Provincial aclara que pasó de tener una deuda estrictamente bancaria de 88,4 millones a 31 de diciembre de 2011, y una deuda bancaria de 83,8 millones de euros al cierre del 2012, lo que según la institución, significa una bajada del 5,5 por ciento.

En este sentido, el responsable del área de Economía ha asegurado que la Diputación cumple con los preceptos de la Ley de Estabilidad y que al final de este ejercicio la deuda será de aproximadamente 105 millones de euros, por lo que "continuarán reduciendo la misma año a año".

Error del anterior gobierno

Así, el diputado de Economía ha señalado que la deuda total de la Diputación se divide en dos conceptos desde que el Gobierno socialista de Zapatero calculó "erróneamente" las Entregas a Cuenta de las Participaciones en Ingresos del Estado (PIE) de los ejercicios 2008 y 2009, lo que ha supuesto que desde el 2011 tenga que devolver la deuda bancaria sino también el importe de este exceso de entrega a cuenta previa, contabilizadas como liquidaciones negativas.

En el caso de la Diputación de Toledo, este "error" obliga a devolver en 120 mensualidades (10 años) algo más de 42 millones de euros, según ha indicado, al tiempo que ha asegurado que fue el gobierno de Mariano Rajoy quien adoptó la decisión de permitir esta devolución en 10 años, en lugar de los 5 años en principio previstos por el gobierno socialista anterior.