La Diputación de Ourense fijará un día a la semana para recibir a los afectados por la venta de preferentes y subordinadas de Novagalicia Banco y estudiar caso a caso las posibilidades de recuperar el dinero por parte de todos los titulares de estos productos de la provincia.

Hasta ahora, pidieron información 12 personas pero, según ha afirmado este jueves el presidente del organismo provincial, José Manuel Baltar, se pondrán los medios necesarios para atender a todos los que lleguen.

La plataforma ha dedicado su protesta semanal de los jueves a reclamar el cumplimiento del acuerdo alcanzado en el pleno de la Diputación de hace un mes, para asesorar a los afectados por la venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas en NCG.

Tras ocupar el salón de plenos, pidieron explicaciones, primero al técnico jurídico de la institución, José Eugenio Galindo, y luego al propio José Manuel Baltar, que accedió a hablar con ellos en el mismo salón.

Primero Galindo y luego Baltar indicaron que, tras el acuerdo unánime de los partidos políticos, se dirigieron al colegio oficial de abogados para buscar vías de asesoramiento y la respuesta, según el técnico jurídico, fue que de forma oficial, el colegio de letrados no puede hacerse cargo de ese asesoramiento por posible "competencia desleal" y no hay fórmula de convenio que posibilite eso.

En nombre de los afectados, Arístides Álvarez Arce ha indicado que se sienten "estafados" primero por el Estado, luego por los bancos y ahora por los abogados, Diputación e instituciones. "Todos somos igual, tanto los que vivimos en Ourense como los que pagan sus impuestos en los pueblos", ha señalado.

Cooperativa o ribeiro

Y ha advertido de que habrá más afectados de los que se cree porque, por ejemplo, en la cooperativa de O Ribeiro "además de casos particulares hay ahorros cooperativos metidos en estos productos bancarios y muchos aún no lo saben".

El gerente de la cooperativa ha explicado a Europa Press que hay una "pequeñísima parte" de dinero de la cooperativa en participaciones preferentes y que se ofreció colaboración a los socios que a nivel particular puedan estar también afectados.

"haremos lo necesario"

Poco antes del mediodía, José Manuel Baltar subió al segundo piso de la Diputación, donde se encuentra el salón de plenos en el que este jueves había una veintena de afectados esperando por él para reclamarle el cumplimiento del acuerdo institucional.

Baltar les habló de la gestión realizada con el colegio oficial de abogados y que éste no encontró una fórmula adecuada para un convenio, por lo que aseguró que fijará una fecha para que, en la Diputación, todos los que acudan a ella sean atendidos.

"Llamaron unas doce personas pidiendo información así que ya estamos organizando un servicio de atención un día a la semana para atender a todos de forma individualizada y, si hay que corregir algo, lo iremos corrigiendo y, si hay que dedicar más medios, se hará, para cumplir lo prometido", ha subrayado.

El portavoz propuso, por su parte, que también la Diputación pida a los abogados de oficio de la ciudad que intervengan en este tema, "porque es bien triste que para recuperar unos miles de euros tengas que pagar encima 6.000 para que un profesional trabaje en ello".

El acuerdo alcanzado entre afectados y Baltar fue que cuando esté fijado el día para atenderles en la Diputación, ésta hará llegar esos datos a cada ayuntamiento para que los vecinos los conozcan.

Abogados de oficio

El secretario técnico del Colegio Oficial de Abogados, Alejandro Pérez Garrido, ha confirmado a Europa Press lo explicado en la Diputación y aclaró que en materia de productos bancarios tóxicos "el tema es meramente judicial".

"Los colectivos buscan una solución global y no deben olvidar que por la vía judicial se están ganando las reclamaciones", ha destacado y ha añadido que Novagalicia Banco no está recurriendo las sentencias judiciales que le son contrarias.

Ha recordado también que hay un servicio de orientación jurídica que atiende a todo aquel que quiere saber si tiene derecho a Justicia gratuita y los lunes, miércoles y viernes, durante una hora a partir de las 9.30 horas se estudian todos los casos que llegan "para determinar esa posibilidad, pero no para estudiar si su posible reclamación va a prosperar o no".

Por último, ha explicado que una unidad familiar con ingresos inferiores a 1.060 euros podría acceder a un abogado de oficio y, por otro lado, que el pago de un posible proceso judicial en un abogado no de oficio tendrá unos honorarios "libres fruto del acuerdo entre ambas partes".