El Ayuntamiento de Cuenca se ha adherido al convenio suscrito entre la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el Gobierno central y varias entidades financieras para la creación de un fondo social de viviendas para familias afectadas por los desahucios en Cuenca.

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Cuenca, Juan Ávila, durante una rueda de prensa para dar a conocer las diferentes medidas aprobadas por el Ayuntamiento para luchar contra los desahucios.

Ávila ha explicado que con esta medida, aprobada este miércoles en la Junta de Gobierno Local, "las familias que hayan sido desahuciadas desde el 1 de enero de 2008 y se encuentren en situación de vulnerabilidad social podrán acceder a una de estas viviendas con un alquiler de entre 150 y 400 euros", siempre que no se supere el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

En este sentido, el alcalde de Cuenca ha señalado que desde el Ayuntamiento trabajarán para que el coste del alquiler sea lo más bajo posible, ya que "este baremo es general para toda España, pero no es lo mismo un alquiler en Madrid que en Cuenca".

Ávila ha señalado que "en Cuenca existen siete viviendas susceptibles de incorporarse a este fondo de viviendas sociales", añadiendo que también pedirán la colaboración de la Junta de Comunidades y de los particulares que posean viviendas vacías en la ciudad.

"Los particulares que decidan unir su vivienda a esta bolsa de viviendas sociales, obtendrán a cambio una reducción del 90 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles de la vivienda cedida", ha señalado el alcalde, quien ha añadido que en estos momentos hay alrededor de medio millar de viviendas vacías en Cuenca.

Esta decisión se une a otras medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Cuenca para luchar contra los desahucios, como la decisión de que la Policía Local no intervenga en los desahucios bancarios "cumpliendo con nuestro compromiso con las familias afectadas".

Además, el Ayuntamiento pondrá en marcha en unas semanas un servicio gratuito de información y asesoramiento para las familias que se encuentren en riesgo de desalojo a través del Área de Intervención Social.

Ávila ha señalado que estas medidas se ponen en marcha ante la falta de actuaciones por parte del Gobierno central. "Tenemos una profunda decepción porque el Gobierno de España no ha tomado ninguna decisión después de que el Tribunal Europeo de Justicia señalase que la Ley Hipotecaria española no se adecuaba a las directivas europeas, y por ello, hemos tenido que tomar esta serie de medidas", ha señalado.

Entre el año 2008 y 2012 se produjeron 250 desalojos en la provincia de Cuenca. Durante el pasado año, el Área de Intervención Social del Consistorio atendió a 15 familias de la ciudad en riesgo de desahucio y a 33 familias con problemas para acceder o mantenerse en su vivienda.