PSOE rechaza aplicar la PAC "obviando las circunstancias de las CCAA" y culpa a Cañete de "ocultar" una caída de fondos

La portavoz del PSOE en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Senado, Fuensanta Coves, ha mostrado este miércoles su rechazo a la idea sugerida en ese espacio por el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, de aplicar la Política Agraria Común (PAC) de forma igualitaria en el conjunto de España, "obviando las circunstancias y particularidades de las comunidades autónomas", según la representante socialista, que ha culpado además al Gobierno central de aplicar "trucos contables" para "ocultar" una caída de los fondos europeos que recibirá España en el marco 2014-2020.

La portavoz del PSOE en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Senado, Fuensanta Coves, ha mostrado este miércoles su rechazo a la idea sugerida en ese espacio por el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, de aplicar la Política Agraria Común (PAC) de forma igualitaria en el conjunto de España, "obviando las circunstancias y particularidades de las comunidades autónomas", según la representante socialista, que ha culpado además al Gobierno central de aplicar "trucos contables" para "ocultar" una caída de los fondos europeos que recibirá España en el marco 2014-2020.

En concreto, según ha informado el PSOE en una nota, en la citada comisión del Senado, Coves ha cifrado en 363.000 millones la cantidad que recibirá España tras la negociación de la PAC, lo que supone "53.607 millones menos que en la etapa anterior", es decir, "una rebaja del 13 por ciento".

Por eso, la senadora socialista por Andalucía ha instado al ministro Arias Cañete a "dejar de manipular las cifras", a la vez que le ha animado a "rechazar la propuesta de la Comisión Europea de recortar un cinco por ciento las ayudas directas que recibirán en 2013 los agricultores con motivo de la disciplina financiera".

Para Coves, la idea de aplicar una PAC nacional supondría, de llevarse a cabo, "una renacionalización de la política agraria de España" y "un retroceso de 30 años en el Estado Autonómico".

Además, se ha mostrado convencida de que el Ministerio "pretende crear un programa nacional de desarrollo rural para embolsarse los fondos europeos y cubrir, de esta forma, la falta de financiación del propio Gobierno".

No obstante, Coves ha indicado que mantiene su "confianza" en la capacidad de negociación del Gobierno, aunque ha lamentado "la rebaja del cheque español", que, según ha apuntado, podría experimentar una disminución de un 12 o 13 por ciento en ayudas directas y de un diez u once por ciento en desarrollo rural.

Importancia de la pac

Tras subrayar la "importancia" que da el Grupo Socialista a la PAC y su "relevancia para el campo español", la expresidenta del Parlamento andaluz ha calificado de "imprescindible" que Europa y España tengan "una política agraria común", porque, a su juicio, "si desapareciesen estas ayudas, se desmantelaría la actividad en el medio rural".

En este sentido, ha mostrado su "insatisfacción" por la dotación económica, ya que, a su juicio, "se beneficia más a la agricultura continental que a la mediterránea", y ha reivindicado el "importantísimo papel" que juegan los agricultores y ganaderos españoles para criticar que "los grandes perceptores de ayudas de la PAC no sean los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, sino un grupo de empresas con una abultada cuenta de resultados".

Para Coves, resulta "inaceptable e intolerable" esta diferencia entre "los agricultores de salón y los agricultores activos", así como que "aún haya familias en España que reciben 7.000 euros al día en ayudas europeas".

La exconsejera andaluza de Medio Ambiente también ha apostado por limitar las ayudas por perceptor a 100.000 euros al año —actualmente se baraja la cifra de 300.000 euros—, y ha lamentado que "no se defina aún quién puede percibir estas ayudas para que no haya un trasvase de renta del profesional agrario al profesional de la tierra".

En otro orden de cosas, Coves ha destacado la propuesta de vincular la percepción de ayudas directas a la condición de ser agricultor profesional o a título principal, además de graduar estas ayudas en función de las hectáreas. Se trataría de "un pago complementario a las primeras hectáreas para apoyar más a las pequeñas y medianas explotaciones", como, según ha explicado, han solicitado algunos países como Francia, de manera que el apoyo sea "efectivo" a las rentas de los agricultores y ganaderos.

Además, Coves ha opinado que "se ha avanzado poco hasta ahora" en lo que respecta a la gestión de los mercados para que los agricultores y ganaderos "puedan vivir dignamente de su trabajo", ya que, a su juicio, actualmente "ni de lejos se garantiza la renta de los agricultores a través de los precios", por lo que ha reclamado que la Ley sobre la Cadena Alimentaria sea "realmente eficaz y consiga mejorar la posición del productor dentro de ella".

Política de desarrollo rural

Coves también ha llamado la atención acerca de la "reducción, por primera vez", del presupuesto de la política de desarrollo rural, que "se había potenciado desde 1999 como instrumento para mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario y de las zonas rurales", ya que se trata de un "pilar importante" para "la generación de empleo en el medio rural", que, según ha apostillado, es "mucho más complicado que en los entornos urbanos y que, en muchos casos, se limita al sector agrario", así como para "la diversificación económica de los entornos naturales en aras a evitar el despoblamiento de las zonas rurales".

En esta línea, ha reclamado que los fondos del desarrollo rural se pongan en marcha desde las comunidades autónomas, y ha señalado que a su grupo "no le gustaría que estos fondos procedentes de Bruselas se apliquen al margen de las regiones, ya que deberían focalizarse mucho más en el territorio que en los beneficiarios".

Por último, la senadora andaluza ha mostrado su esperanza de que esta negociación final de la PAC sea "buena para España", para que las comunidades autónomas "puedan sentirse cómodas en la aplicación de esta política en sus territorios", y que "finalmente se reconozca, se valore y se pague adecuadamente el trabajo que hacen los agricultores y ganaderos españoles".

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