El diputado del PRC y exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, Francisco Javier López Marcano, ha lamentado los "tintes calabreses", de "thriller", "calumnia" e "ignominia" de la denuncia que realizó ayer en el Parlamento el diputado 'popular' Carlos Bedia que, en el transcurso de la comisión de investigación de Cantur, leyó y difundió documentación relacionada con un caso ya archivado para aludir a una presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras en el entorno de López Marcano, que no descarta acudir a los tribunales.

"No tengo mácula", ha asegurado este miércoles el regionalista que, tras recalcar que se enteró ayer mismo de los hechos mencionados en la Cámara, ha señalado que va a estudiar si hay motivos para ir a los juzgados, algo que en tal caso hará "sin tibieza". Lo ha dicho durante una rueda de prensa que ha ofrecido junto a los portavoces de su partido en la comisión, Rosa Valdés y Rafael Pérez Tezanos, que ha anunciado que su Grupo exigirá la "dimisión inmediata" de Bedia de la comisión, para que sea "apartado" de la misma.

Y es que los diputados del PRC no están dispuestos a "soportar ni un minuto más" la "mala fe" del 'popular', sus "mentiras y calumnias", de modo que si no le apartan de la comisión, los regionalistas abandonarán la misma o, al menos, lo harán cuando hable él. "Que diga lo que quiera, el 80 por ciento son mentiras", ha censurado Pérez Tezanos, para añadir que si el PP quiere usar el Parlamento "como si fuera el plató de Sálvame Deluxe" no van a contar con los regionalistas.

El objetivo de esta petición es "por el bien" de la Cámara, para que no se convierta en un "foro de odios, venganzas y contubernios" y "disputas de taberna de pueblo", ya que a sus ojos todo este asunto deriva de la "sed de venganza" del líder del PP y presidente regional, Ignacio Diego.

Pérez Tezanos ha lamentado el "abuso" de la inmunidad parlamentaria por parte de Beida, que ha sobrepasado los "límites" de dicha condición, por lo que recurrirán al presidente de la comisión, Julio Bartolomé, y al jefe del Legislativo, José Antonio Cagigas, ambos del PP.

Así, el Grupo Regionalista remitirá una carta al presidente de la comisión, en la que le pedirá que actúe como tal y reconsidere su postura en las sesiones. En este sentido, Pérez Tezanos ha considerado que debería haber puesto "límites" a Bedia, toda vez que "un diputado no puede hacerse eco de una denuncia sobreseída". Cree que Bartolomé se lo debería haber advertido, y le ha recordado que también podía haberle pedido que retirase sus palabras, quitarle el turno de intervención, solicitar que lo dicho no constara en acta o, incluso, imponerle una sanción si desobedecía sus llamadas.

Sin embargo, Bartolomé ayer se ha "plegado" a los intereses del PP y se ha "sumado al todo vale". Y aunque Pérez Tezanos piensa que el cargo "le cae grande" y no está "preparado" para el mismo, le van a dar una "oportunidad" para que "medite" sobre lo ocurrido, "reconsidere" su postura y tome medidas, ya que -como ha dicho- los diputados del PRC se han visto "un tanto desamparados". En cualquier caso, no están dispuestos a que se amparen en la Cámara las "falsedades barriobajeras" de Bedia, que ayer "pasó la línea de la decencia y la honestidad", por lo que pedirán también el amparo de Cagigas para evitar que estas prácticas vuelvan a ocurrir.

Acopio de documentación

Las diligencias judiciales difundidas por Bedia se abrieron en 2011 tras la denuncia del que fuera, entre 2004 y 2005, jefe de gabinete de López Marcano, Vicente Peña, que aseguró que dos sicarios habían entrado en su despacho para reclamarle 60.000 euros que, supuestamente, habría cobrado como adelanto para conseguir que las obras de carpintería metálica de la rehabilitación del Seminario Comillas se adjudicaran a una empresa de Zaragoza.

El exconsejero ha destacado que dichas diligencias se archivaron el 21 de noviembre de 2011 porque no habían acreditado los hechos. Un año después, el 8 de noviembre de 2012, el Consejo de Gobierno de Cantabria se personó en la causa, pese a que estaba cerrada, lo que supone una "cosa insólita" que probablemente no tenga "precedente", ha apuntado. Lo hizo, ha proseguido López Marcano, alegando que el Ejecutivo podía ser parte perjudicada, y aunque la juez advirtió del auto de archivo provisional y recordó que había tres días para recurrir, el Gobierno no lo hizo, de modo que el caso se cerró de forma definitiva.

Con esto, cree que el Gobierno "lo único" que pretendía era hacerse con las diligencias para facilitársela después "con malas artes" a su grupo parlamentario. Ha añadido al respecto que los 'populares' estaban "haciendo acopio de documentación" para usar en la Cámara de forma "rastrera", tarea en la que han "entretenido" a muchos funcionarios. Esto se debe, para López Marcano, a la "obsesión patológica" del Partido Popular de "dar cumplimiento a la sed de odio y venganza", algo en lo que está "sobrado" Ignacio Diego.

Por su parte, Pérez Tezanos se ha referido a los plazos para la remisión de la documentación del Gobierno al Parlamento. Ha indicado que el portavoz del PP, Eduardo Van den Eynden, solicitó la documentación el pasado 27 de marzo, víspera de Semana Santa, petición que abordó la Mesa después del 'puente', el martes 2 de abril y, "dos días" después, el 4, la dio trámite, cuando lo normal es que tarde entre siete y diez días. Por su parte, el Ejecutivo, que tiene que contestar antes de 20 días, esto es, el plazo acababa el 27 de abril, remitió la documentación ayer, día 16, "a las 13.49 horas", cuando se estaba celebrando la comisión de Cantur.

Para Pérez Tezanos, estaba "todo preparado" y se trata de una operación "orquestada" con "premeditación" del Gobierno y el Parlamento. Además, pese a que entró en la Cámara durante la sesión de investigación, Bedia lo tenía "todo muy subrayado", lo que para los regionalistas constituye una "auténtica desvergüenza" que "echa por tierra" cualquier "ética".

Los hechos tenían poca solidez

En cuanto a su relación con los hechos, de los que Marcano se enteró ayer cuando salía del funeral de un amigo, ha recordado que Peña cesó del cargo en diciembre de 2005 por motivos personales, y ha indicado que lleva "ocho años" sin verle o hablar con él. "Desde entonces, no he sabido absolutamente nada de él", ha apostillado, para indicar que es "difícil" que hayan podido trabajar o colaborar.

Ha subrayado también que no ha sido llamado a declarar por este asunto, ni ante la Guardia Civil ni ante el juez, como ha ocurrido con otras personas que aparecen citadas y cuya honorabilidad "se pone en solfa". Cree que el hecho de que no les hayan llamado y que se archivara la causa se debe a que el asunto tenía "muy poca solidez", por lo que "ni siquiera pasó de esa mera denuncia".

Además, ha dejado claro que él no tiene "nada que ver" con los órganos encargados de la adjudicación de las obras del proyecto Comillas. "Jamás de los jamases", ha dicho, "he intervenido en adjudicación alguna". Marcano ha pedido además un "escrupuloso respecto" para los suyos, en particular para su hijo.

Finalmente, ha insistido en que aunque haya cometido "alguna torpeza administrativa" carece de "mácula" alguna durante su gestión, y "lo poco" que tiene no lo guarda en cuentas en Suiza, sino en Liberbank (la antigua Caja Cantabria). De igual modo, no tiene "nada que ver" con asuntos como la trama Gürtel o ERES irregulares.

Por todo ello, el exconsejero del PRC ha censurado y lamentado episodios como el vivido ayer en el Parlamento, que ponen en evidencia procedimientos "mafiosos, tramposos y calabreses" de los que están "malgobernando" la región y llevándola al "desastre y la hecatombe".