El Partido Popular ha denunciado una presunta trama de comisiones por la adjudicación de obras en el entorno del anterior consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno cántabro, el regionalista Francisco Javier López Marcano.

Así lo ha dicho el diputado del PP Carlos Bedia durante la comisión de investigación parlamentaria de Cantur, que ha durado siete horas y media y en la que el portavoz 'popular' ha aportado y leído diversa documentación judicial y policial, entre ellas una denuncia del que fuera jefe de gabinete del López Marcano entre 2004 y 2005, Vicente Peña Sáenz de Miera, a raíz de que dos sicarios se presentaran en enero de 2011 en su despacho.

Los hombres, de unos treinta años de edad y acento sudamericano, apuntaron al abogado con una pistola en la cabeza para reclamarle el cobro de 60.000 euros que, supuestamente, se habrían adelantando a una empresa de Zaragoza para que se hiciera con la adjudicación de las obras de carpintería metálica del proyecto Comillas a cambio de una comisión de un millón de euros, según ha indicado Bedia, que ha precisado que han tenido acceso a esta información porque, en la huída, uno de los pistoleros se dejó una copia del contrato de intermediación, fechado en diciembre de 2008.

El diputado del PP ha informado de estos hechos durante la comparecencia en la comisión del abogado Pablo Sámano, cuya empresa trabajó para Cantur, porque su nombre aparece en la documentación judicial aportada, ya que supuestamente las comisiones en favor de López Marcano le habrían de llegar a través de esta persona o de uno de los hijos del exconsejero.

Según las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Castro Urdiales a raíz de la declaración de un edil de una pedanía del municipio involucrado en este asunto, tanto el consejero como los "testaferros" (Peña, que según el concejal era "la mano derecha" de López Marcano, su hijo y el propio Sámano), "se dedican a crear empresas fantasmas para el cobro de comisiones ilegales" por la adjudicación de obras.

Así consta en la declaración del edil facilitada por Bedia a los periodistas, a los que ha explicado al término de la comisión que el juzgado acordó archivar de forma provisional las diligencias abiertas tras la denuncia de amenazas de los sicarios, ya que los dos empresarios zaragozanos que pagaron para tratar de hacerse con las obras de Comillas y que estaban imputados por la causa han muerto por enfermedad. Sin embargo, ha precisado el diputado del PP, el juez ve indicios de cohecho.

Así, el portavoz del PP ha hablado de una presunta trama para cobrar comisiones por la adjudicación de obras en el entorno de López Marcano. Para ello, se ha apoyado, por ejemplo, en la declaración del edil de Lusa (Castro Urdiales), Humberto Martínez Vizcaya, y que actuó en este asunto como "recadero", para "llevar documentos de un sitio a otro", según dijo al juez.

Entre otras cosas, aseguró haber estado presente en las entregas que un amigo suyo hizo a Peña de 15.000 y 45.000 euros (60.00 en total) en un hotel de Hoznayo. Precisó que si bien Peña no quiso coger el dinero en "mano", se lo metieron en el maletero del coche, y añadió que quedaron entre los dos hombres para la entrega de 1.140.000 euros más, para lograr la adjudicación del contrato de rehabilitación Comillas. Y es que, como puntualizó, aunque en el contrato figuraba un millón, la cuantía final ascendía a 1,2 millones. Además, el edil indicó que la adjudicación de las obras "estaba de facto en manos del consejero, no de la Fundación", al igual que "todas" las obras relacionadas con la Consejería.

Afirmó también en su declaración que en Comillas, además de las cantidades referidas para la adjudicación "fraudulenta" de las obras (al final no se logró tal propósito), se han estafado otros 18 millones de euros, ya que Sámano y Peña le dijeron que "faltaba" ese dinero, que se había "quedado por ahí". "Han ido al bolsillo particular del consejero", precisaron al respecto.

Después de entregarse todo el dinero y de que las obras no fueran adjudicadas a la empresa, y según la versión de Martínez, Sámano y Peña (que era entonces gerente del Consorcio de Museos de Cantabria) propusieron como compensación adjudicar a la empresa la obra del Museo de Arqueología de Santander. Pero, finalmente, el proyecto se adjudicó "con apariencia legal", aunque en realidad -dijo- fue "a dedo", al estudio de arquitectos de Sámano, en el que trabajaba el hijo del consejero.

Denuncia por amenazas de sicarios

De acuerdo con la denuncia presentada por Peña, los dos sicarios se presentaron en su despacho haciéndose pasar por empleados de una empresa de cobros, que les había encargado que cobraran los 60.000 euros, mostrando al abogado una fotocopia del contrato para que "hiciera memoria de a quién le debía el dinero".

El denunciante, que reconoció haber firmado el contrato, aseguró a los dos hombres que no debía ninguna cantidad a nadie y, ante la actitud "veladamente amenazante", les invitó a abandonar el despacho. Ante esto, uno de los sicarios sacó de su cazadora una pistola, le obligó a arrodillarse, le puso el arma en la sien derecha y le dijo: "como no pagues, tú o alguno de tu familia morirá así".

"Presa del pánico", Peña perdió el equilibrio y la orientación, y cayó al suelo, mientras que los dos individuos abandonaron el despacho, dejando una fotocopia del contrato sobre la mesa, contrato que fue rubricado, además de por el denunciante, por un representante de la empresa de Zaragoza y una tercera persona, también de Castro Urdiales, figurando este último y Peña como mediadores.

Ambos se comprometían en el mismo a servir de intermediarios para facilitar a los zaragozanos la conclusión del negocio concretado, es decir, la adjudicación de las obras de carpintería metálica de Comillas y la reforma de la capilla en el marco de la rehabilitación del antiguo edificio de la Universidad Pontificia. En ese caso, la remuneración a percibir ascendería -según consta en el contrato- a un millón de euros, aunque de acuerdo con la versión del edil castreño se elevaba en realidad a 1,2 millones.

CONCLUSIONES

Para Carlos Bedia, estos hechos muestran una "indecente" gestión de dinero público, por la que ha pedido explicaciones, y se asemejan, a sus ojos, a "una peli de miedo". Mientras, para el diputado del PRC Rafael Pérez Tezanos, en la sesión se ha leído "una denuncia" de "unos hechos sin probar", y ha instado al Grupo que apoya al Gobierno a que acuda a los tribunales.

A la parlamentaria socialista Cristina Pereda la comisión de este martes le ha dado "vergüenza" y "asco", así como el trato que, a su juicio, se ha dado a los dos comparecientes, a los que el PP debería "pedir disculpas" toda vez que los ha "enjuiciado", ha añadido.

Precisamente, de este último extremo se ha pronunciado el propio Sámano, que ha expresado su "más rotunda queja" por el trato recibido en la sesión, en la que se ha sentido "sometido a un quinto grado", lo que le parece "impresentable".

Cree que le han preguntado cosas "fuera de lugar", "de todo" salvo, ha dicho, cuestiones relacionadas con su "condición sexual", en vez de por la relación de su empresa (Conurca) con Cantur. "Usted está poniendo en tela de juicio una empresa sin ningún dato ni derecho a hacerlo", se ha quejado a Bedia el propio Sámano, que ha recordado que es abogado para confesar que se ha sentido "indefenso" en la comisión.

En cuanto a su colaboración con Cantur, el letrado (experto en urbanismo) ha señalado que dejó de trabajar con la empresa pública a raíz del nombramiento del nuevo director, Roberto Media, en un encuentro "muy desagradable" en el que le dijo que si quería cobrar una factura pendiente tendrían que rescindir el contrato suscrito sobre el PSIR de Cabárceno.