Las familias que desde hace ya once meses ocupan el bloque de viviendas de renta libre y nueva construcción levantado en la avenida de las Juventudes Musicales, junto a la glorieta de San Lázaro, han celebrado este martes una entrevista con la secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer, y la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos. Durante la entrevista, ambas partes han analizado la posible aplicación del novedoso y controvertido decreto andaluz para la función social de la vivienda en este caso en concreto.

En este encuentro, la representación de las familias acudía con la intención de comprobar si en este caso en particular median posibilidades de adhesión al supuesto de expropiación del uso de la vivienda, durante tres años, que el mencionado decreto Ley recoge para casos excepcionales de emergencia social. Dicha regulación establece que debe tratarse de viviendas cuyo desalojo o desahucio haya sido reclamado por entidades financieras en casos de exclusión social acreditada por los servicios sociales y tras un menoscabo sobrevenido de la situación socioeconómica de las personas.

Descartada la expropiación

Según ha manifestado a Europa Press una portavoz del colectivo, Meyer y Santos habrían trasladado a las familias que en este caso, la medida de expropiación no es posible, si bien podría ser plausible la opción de solicitar la declaración de vivienda deshabitada. El régimen sancionatorio recogido en el decreto Ley penaliza el mantenimiento de viviendas vacías en el caso de personas jurídicas como los bancos o las sociedades inmobiliarias, con lo que las familias consideran que, de prosperar esta solicitud, podría una mediar una sanción de hasta "324.000 euros".

De este modo, y siempre según las mismas fuentes, mediante la presentación de una denuncia ante la Consejería de Fomento y Vivienda, se podría conseguir esta declaración de vivienda deshabitada. "Esa puede ser una medida de presión para el propietario, que elegiría si le sale más rentable pagar la multa o llegar a un acuerdo con las familias para un alquiler social", ha manifestado una de las representantes. Se trataría de la opción deseada de hecho por la propia Junta de Andalucía, que aboga por que estas familias adquieran "un alquiler social durante un año prorrogable a dos", indican las fuentes.

"alternativa" en caso de desalojo

Asimismo, señalan que otro "compromiso" adoptado por las representantes de la Consejería es que, en el caso de que se produjese un desalojo de estas familias, desde la Administración andaluza se localizaría una "alternativa" que solventase su necesidad de alojamiento. Por último, afirman las familias que desde la Junta contribuirán en la mesa de negociación abierta a cuatro bandas —propietaria, familias, Ayuntamiento de Sevilla y Consejería, con la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo—, para que las familias puedan obtener suministro de luz y agua. La Junta de Andalucía, de su lado, ha confirmado la celebración del encuentro y ha valorado el testimonio de las familias.

La representación de las familias, así, prevé presentar esta solicitud de declaración de vivienda deshabitada. Para finales del mes de abril, de cualquier modo, está prevista una nueva reunión entre las partes en la sede de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

El edificio en cuestión, desarrollado por Maexpa, fue ocupado por estas familias en mayo de 2012 aún bajo la propiedad de la promotora. Ibercaja, según la información expuesta por el banco en diciembre de aquel año, tomó posesión del inmueble cuando ya mediaba la ocupación y "no ha podido ponerlo a la venta".