El fiscal sostiene que los imputados «abusaron» de la «situación de necesidad» del trabajador ya que incluso uno de ellos aseguró que se lo había encontrado «herido en una cuneta», que era la primera vez que lo veía y que lo había trasladado hasta un centro de salud para que recibiera asistencia técnica. Posteriormente, se reunieron con la esposa del accidentado para advertirle de que si decía algo los podían echar del país e incluso le ofrecieron 700 euros mensuales durante la convalecencia de su esposa. Al parecer, la víctima carecía de permiso de residencia, no tenía contrato de trabajo y no estaba dado de alta en la Seguridad Social.

El empleado sufrió diversas lesiones para las que precisó asistencia facultativa con tratamiento médico quirúrgico rehabilitador, así como hospitalización. Actualmente sufre diferentes secuelas y artrosis.