El alcalde de Noalejo, el socialista Antonio Morales, ha asegurado este lunes que "dio continuidad" a un acuerdo aprobado en el pleno municipal el 20 de diciembre de 1999 con el que "se intentó sacar del limbo jurídico" unas construcciones ilegales ubicadas en el paraje de la Hoya del Salobral. Además, por este presunto delito de prevaricación la Fiscalía también ha acusado al exalcalde Juan Bolívar, a seis concejales y al aparejador municipal.

Así lo ha explicado a Europa Press el primer edil del municipio, que ha asegurado que "nunca se tuvo conocimiento de la ilegalidad, sino que se buscó cubrir una situación de irregularidad". De hecho, ha recalcado, "no dudo de la buena fe del acuerdo que se alcanzó en sesión plenaria cuando era alcalde Bolívar" y se aprobó por mayoría la parcelación y venta de los terrenos. Al respecto, el socialista ha apuntado que "ya se realizaron ventas antes de ser él alcalde".

Una vez que se alzó como regidor, ha seguido, "le dio continuidad al acto sin opacidad porque, de hecho, se registraron escrituras" de los inmuebles. Sin embargo, "cuando se presentó la denuncia se paralizaron las actuaciones". Morales ha argumentado que, además, "el interventor no advirtió de ilegalidad alguna", si bien ha añadido que "en aquellos momentos acababa de tomar posesión en el cargo".

En la primera sesión del juicio, que está previsto que continúe este martes en los Juzgados de lo Penal, el abogado del alcalde de Noalejo ha precisado que el acuerdo que se alcanzó en el mencionado pleno tenía su base en "unas casas que estaban construidas desde hacía más de 50 años", con lo que eran "anteriores a todos los planes y restricciones legales para construir".

En esta línea, ha indicado que el pacto que se alcanzó en diciembre de 1999 quedó "acreditado por el secretario así como por los allí presentes", haciendo hincapié en que lo que hizo Morales fue "extender el acuerdo a unas parcelaciones que se hicieron para venderlas a particulares", ello estando "apoyado por el arquitecto municipal".

Así las cosas, el Ministerio Fiscal ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales un año de prisión para el alcalde, su antecesor en el cargo, los exconcejales y el arquitecto técnico. Además, ha pedido que todos los procesados sean inhabilitados para ejercer cargo público durante ocho años.

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