La alcaldesa de Villaescusa declara a puerta cerrada durante dos horas y declina atender a los medios

La alcaldesa de Villaescusa, la 'popular' Almudena Gutiérrez, ha declarado este lunes a puerta cerrada durante dos horas en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander, imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La alcaldesa de Villaescusa, la 'popular' Almudena Gutiérrez, ha declarado este lunes a puerta cerrada durante dos horas en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander, imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Gutiérrez, que no ha querido atender a la prensa y que estaba "nerviosa" antes de su declaración, ha respondido a las preguntas de la juez sobre su presunta denegación de documentación e información a 40 solicitudes realizadas por los socialistas, que decidieron denunciarla al considerar que había "vulnerado sistemáticamente sus derechos básicos" como concejales.

Al parecer, la alcaldesa habría ofrecido información de cada uno de los expedientes en lugar de abordarlos con carácter global.

La regidora fue denunciada por los concejales socialistas el pasado 7 de diciembre. En la denuncia se recoge la denegación, por resoluciones de la alcaldesa, de un total de 40 solicitudes de acceso a diversa documentación e información.

De esta forma, y según denunciaron los ediles del PSOE, se les habría impedido acceder a las facturas de los teléfonos móviles corporativos de los concejales del equipo de gobierno, a "comprometidos" informes jurídicos y urbanísticos, proyectos de obras municipales, documentación relativa a los autos y sentencias judiciales, documentación de la cuenta general del ejercicio 2011, informes de los técnicos municipales, expedientes de obras solicitadas a las Consejerías, etc.

Los concejales socialistas también hicieron constar en su denuncia contra Almudena Gutiérrez la denegación de 5 solicitudes de sesión extraordinaria del Pleno, formuladas cumpliendo el requisito de constituir al menos la cuarta parte de los miembros de la Corporación y según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Igualmente, los socialistas denunciaron su imposibilidad de efectuar preguntas en algunas sesiones plenarias y el hecho de que se les haya impedido debatir y votar algunas mociones presentadas por su grupo municipal, al imponer la alcaldesa la consideración de las mismas como "ruegos".

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