La Diputación exige a la Junta que asuma su responsabilidad con los usuarios de Aspromanis y Sagrado Corazón

La Diputación de Málaga ha exigido a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad con los usuarios de las residencias Sagrado Corazón y Aspromanis y pide una solución definitiva a sus familiares.

La Diputación de Málaga ha exigido a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad con los usuarios de las residencias Sagrado Corazón y Aspromanis y pide una solución definitiva a sus familiares.

La diputada de Centros de Atención Especializados, Emiliani Jiménez, ha mantenido una reunión de seguimiento del convenio que la institución provincial mantiene con los familiares después de que el Gobierno andaluz "se desentendiera de su responsabilidad", ha criticado Jiménez, quien ha recordado que según establece la Ley de Dependencia de 2007 las plazas de estas personas deberían ser conveniadas y abonadas por el Gobierno andaluz.

La institución provincial asume también en 2013, aunque que no es su competencia, el coste que supone la atención a los 23 dependientes de estos centros, que este ejercicio asciende a más de 552.000 euros, y pese al reparo de la propia Intervención General de la Diputación, que deja explícitamente recogido en su informe que no se puede pagar dicha cuantía "por tratarse de una atribución que corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma Andaluza", han señalado desde el ente supramunicipal en un comunicado.

Ante esta situación, los familiares han mostrado a Jiménez su preocupación, ya que no tienen ninguna noticia de la Junta de Andalucía en relación a la cobertura del servicio de cara a 2014.

Asimismo, han asegurado que "su petición a fecha de hoy no tiene una respuesta por parte del delegado de la Consejería de Salud y Bienestar Social en Málaga, Daniel Pérez, de mantener un encuentro para abordar la situación y encontrar una solución definitiva".

Igualmente, durante la reunión que Jiménez ha mantenido con los representantes de los usuarios de Aspromanis y Sagrado Corazón, desde la Diputación se ha confirmado que tampoco hay respuesta al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, por la Administración autonómica, en relación a su petición a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de reunirse para abordar la inclusión de estas personas al programa de la Ley de Dependencia.

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