Nueva Canarias (NC) ha solicitado la comparecencia del Gobierno de Canarias para que, en el próximo Pleno del Parlamento, explique las medidas a adoptar para frenar los desahucios y las vías jurídicas analizadas similares al decreto de la Junta de Andalucía.

Esta petición ha sido registrada tras la aprobación del decreto ley del Gobierno andaluz para expropiar temporalmente las viviendas vacías de los bancos con el fin de evitar los desahucios de las familias en riesgo de exclusión social y el anuncio del presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, de estudiar la viabilidad jurídica de esta medida para su traslación al archipiélago.

El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, ha reclamado "más claridad" al jefe del Ejecutivo ante las "ambiguas" informaciones ofrecidas por distintos miembros de su gabinete. Pretende que se concrete cuáles son esas medidas que, según el Gobierno, desde hace meses, están en estudio.

"Los desahucios son un problema demasiado grave y con consecuencias sociales demasiado dramáticas como para que este tipo de anuncios se queden en el ámbito del juego político", consideró el portavoz nacionalista, que aseguró que el pacto ha llegado a decir que los servicios jurídicos del Gobierno estudian la elaboración de un proyecto de ley.

Recordó que, hasta hace poco tiempo, el Ejecutivo procedió con desahucios de viviendas sociales y que, por el momento, la iniciativa de que a las 16.500 casas en alquiler social se le sumarán otras 900, "se ha quedado en palabras".

El portavoz nacionalista exigió a Paulino Rivero que informe de la "efectividad" de esas medidas similares a las de Andalucía que, en el ámbito de las viviendas protegidas, "dice haber aprobado". Rodríguez declaró que los problemas "no se solventan" con la aprobación de medidas, sino con "una gestión eficaz".

Nueva Canarias también solicitó "conocer los efectos reales" de la disposición del Plan Canario de Vivienda que, según el Gobierno, prevé la dación en pago, es decir, cuántas viviendas protegidas han puesto los bancos en alquiler a un precio asequible después de que la entidad financiera saldara la deuda de la hipoteca de una familia desahuciada de una vivienda protegida.