El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) podría haber abonado "en exceso" a la Comunitat, desde la entrada en vigor de la Ley en 2006 hasta la nómina de 2011, un importe de, al menos, 2.763.910 euros, según se desprende del informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de 2006 de la Dependencia, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, este Tribunal ha verificado la existencia de un total de 5.024 expedientes cuya información no es coincidente entre las bases de la datos de las Comunitat autónoma y el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SISAAD), por diferencias entre el DNI o nombres, entre otros aspectos.

Al respecto, señala que aunque estos expedientes no han sido cuantificados , al considerar que se corresponden a los mismos beneficiarios, sí deberían ser analizadas "exhaustivamente" por parte del Imserso ya que en determinadas ocasiones podrían no corresponder a una misma persona y, por tanto, "repercutir" en el cálculo del importe de dicho nivel mínimo de protección a abonar por la AGE a la Comunitat Valencia, Además, señala que "pone en evidencia la compatibilidad" existente entre los distintos sistemas informáticos como exige la ley.

Del mismo modo, el informe constata que en la Comunitat valenciana los expedientes anteriores a junio de 2010, la fecha de efectos de pago de las prestaciones económicas reconocidas coincido con la fecha de resolución del programa individual de atención, mientras que en el resto de autonomías fiscalizadas la fecha de efectos coincide "acertadamente" con la de la solicitud de la situación de dependencia. Por ello, considera que esta interpretación efectuada por el Gobienro valenciano "entraría en contradicción con lo dispuesto en la entonces vigentes disposición final primera de la Ley 39/2006.

Asimismo, indica que la Comunitat valenciana "incumple" el plazo máximo de seis meses para el reconocimiento del derecho a la prestación de la dependencia ya que, a 31 de diciembre de 2010, el plazo medio de resolución se eleva a 310 días frente a los 262 de media nacional.

Este incumplimiento legal del plazo máximo de resolución estableció un retraso en el reconocimiento de las prestaciones a que pudieran tener derecho las personas solicitantes de esta situación de dependencia. De este modo, a 31 de diciembre de 2010 había un total de 27.989 personas con derecho a prestación que no la estaban recibiendo, lo que supone el 43,12 por ciento.