El tercer tipo de casos será el de la concertada: la Fiscalía estudiará caso a caso los atentados que se registren en estos centros, ya que reciben subvenciones de las administraciones.
Esta medida también se extenderá al personal sanitario, por el gran número de agresiones de pacientes y de familiares. El Código Penal establece penas de uno a tres años de prisión por los atentados cometidos contra los funcionarios.
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Menores agresivos, a clase
El presidente de la Audiencia de Alicante y la secretaria de Jurado se reúnen hoy con magistrados y fiscales de Menores para coordinar y sentar las bases de los programas de reeducación de jóvenes condenados por delitos violentos, como agresiones a sus profesores. Los denominados itinerarios formativos comenzarán a impartirse en el primer trimestre de 2007 en Alicante de forma pionera.
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