El Gobierno griego y la delegación de la troika han alcanzado este sábado un principio de acuerdo sobre una nueva tanda de recortes y ajustes a aplicar en el sector público, como parte de los compromisos adquiridos para la relajación de las condiciones del segundo recate financiero.

El acuerdo podría implicar el despido de 4.000 funcionarios hasta finales de este año, según ha precisado el líder del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), Evangelos Venizelos, que participa en las negociaciones junto con el primer ministro, Antonis Samaras; el ministro de Reforma Administrativa, Antonis Manitakis, y el líder de Izquierda Democrática, Fotis Kouvelis.

No obstante, Izquierda Radical —miembro de la coalición de Gobierno junto con Nueva Democracia, liderado por Samaras, y el PASOK— es reticente a la reducción "indiscriminada" de puestos de trabajo en el funcionariado público.

En este sentido, Manitakis, próximo a esta formación, ha ordenado la aceleración de los procedimientos disciplinarios abiertos contra funcionarios para que éstos se acojan a los despidos exigidos por la troika —Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea—, según ha informado el diario heleno Kathimerini.

En una entrevista concedida al diario griego Imerisia, Samaras ha negado que sea ilegal despedir a funcionarios que no se hallen bajo procedimientos disciplinarios. La troika, además, exige que se complete el despido de 2.000 empleados públicos en dicha situación. "La Constitución no prohíbe el despido de funcionarios cuyos puestos han sido eliminados", ha argumentado Samaras.

De fructificar dicho acuerdo, los acreedores internacionales desbloquearán un total de 10.000 millones de euros —2.800 millones en préstamos del rescate y 7.200 en bonos— destinados a la recapitalización de bancos helenos, según han asegurado fuentes del Ministerio de Finanzas griego a la agencia Reuters.