Después de la entrada en vigor el viernes pasado del decreto-ley sobre la vivienda del Gobierno andaluz, que apela al "derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias" afectadas por desahucios para justificar las expropiaciones temporales, Cataluña y Asturias han descartado seguir los pasos de esta comunidad autónoma.

Carles Sala, presidente de la Agencia de la Vivienda, ha asegurado este sábado que Cataluña no embargará a los bancos vivienda procedentes de los desahucios. En declaraciones a Cataluña Radio, ha dicho que la Agencia de la Vivienda catalana ha tomado esta decisión a pesar de cierto "abuso de posición" por parte de los bancos y de cierta imprudencia por parte de la ciudadanía.

Carles Sala ha remarcado que la decisión del gobierno andaluz "es una medida populista", porque crea unas esperanzas que luego se pueden ver "frustradas". Sobre la decisión del PSOE de incorporar la medida de la Junta de Andalucía a la ILP sobre los desahucios, Sala ha indicado que es "fruto de una improvisación".

Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Vivienda asturiana, Esther Díaz, ha anunciado también este sábado en rueda de prensa que su departamento mantiene contactos desde hace tiempo con diversas entidades financieras asentadas en la región para conseguir una bolsa de viviendas desocupadas, propiedad de bancos, que puedan ser utilizadas con un alquiler social por las familias desahuciadas.

"Los bancos son conscientes del problema y quieren colaborar con el Principado en la búsqueda de una solución", ha señalado la titular de Vivienda, que ha incidido en que se trata de una vía distinta a la seguida por Andalucía, pero que persigue el mismo fin.

Ha añadido que si Asturias ha decidido descartar la expropiación de los pisos es porque "tiene parámetros diferentes de población" y una situación y herramientas distintas con las que poder facilitar un techo a las personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias.

De hecho, ha recordado que Asturias puso en marcha a mediados de noviembre un plan de choque con una serie de medidas para paliar los efectos de los lanzamientos hipotecarios, entre las que se encontraba la modificación del decreto que regula la adjudicación de viviendas del Principado.

Esta normativa se está modificando para permitir que las familias desahuciadas puedan obtener una vivienda del Principado, y aunque el borrador del decreto ya está listo, su tramitación no podrá finalizarse hasta dentro de unos dos meses, dada su complejidad.

El decreto contemplará la "adjudicación directa" de pisos por "causa de emergencia social" entre las personas que están sometidas a un proceso de ejecución hipotecaria y la "adjudicación temporal" por razones de urgencia durante el plazo de un año.

La consejera de Vivienda ha recordado además que el Principado va a habilitar con carácter inmediato un fondo de un millón de euros para ayudas al alquiler de las familias afectadas por los desahucios y que su departamento dispone de 50 viviendas en el área central de Asturias para poner a su disposición.

Ese número es ampliable ya que, según ha recordado, en función de las necesidades hay más de 500 viviendas vacantes que se están rehabilitando.