El obispo de Segovia, Ángel Rubio, ha cargado en su carta pastoral de esta semana contra el aborto, una práctica que ha tildado de "crimen abominable" y de la que ha lamentado que se haya convertido en un "negocio" que mueve alrededor de 50 millones de euros en España.

Rubio ha señalado que en el país se practican cada año más de 100.000 abortos, que son causa de la muerte de 300 niños cada día, según las cifras que maneja la Plataforma 'Sí a la Vida'. Ha hecho referencia asimismo a las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad, que revelan que en 2011 se realizaron 118.359 abortos en el territorio nacional, un 4,5 por ciento más con respecto a la cifra de 2010. De ellos, el 97 por ciento se efectuó en centros privados.

Al hilo de ello, ha recordado las palabras de la directora de la Fundación Red-Madre, Carmina García-Valdés, quien afirmó que "en un año de crisis se ve que el aborto es un negocio saneado, protegido y subvencionado por el Estado".

"Hoy todos saben que existe vida humana desde el instante mismo de la fecundación, esto resulta innegable pese a todas las contorsiones intelectuales y a todos los chantajes efectivos encaminados a hacer creer a la opinión pública la idea falsísima de que lo que se mata todavía no es un niño, cuando se destruye todas las estructuras somáticas, rompiendo la evolución de esa vida que ha comenzado ya desde el instante mismo de la fecundación. Es un crimen abominable", ha manifestado.

El prelado segoviano ha tachado de "incalificable" que sectores proabortistas rechacen a los hijos no deseados alegando que éstos se convierten en un grave problema domestico y social" y ha considerado que, por esa misma regla, se podría "aniquilar" a todo el que molesta o supone una carga social.

Ángel Rubio ha agregado que el Estado que otorga la calificación de derecho a algo que en realidad es un "atentado" contra el derecho fundamental a la vida "pervierte el elemental orden de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad".

"La tutela del bien fundamental de la vida humana y del derecho a vivir forma parte esencial de las obligaciones de la autoridad. El derecho a la vida no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo y éste tiene siempre la obligación de tutelarlo. Tampoco tiene el Estado autoridad para establecer un plazo, dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un crimen", ha afirmado repitiendo las declaraciones de los obispos en 2009 ante la nueva Ley del Aborto.

El obispo ha aclarado que no se puede invocar el derecho a las decisiones íntimas o a la vida privada para privar a otros de la vida. Eliminar una vida humana, a su juicio, no es nunca un asunto meramente privado. Por el contrario, ha dicho que se trata de un acto de gran trascendencia pública que afecta "grave y directamente" al bien común.

"La vida de cada ser humano es un bien básico, sagrado e intangible; y el derecho a vivir no está a disposición de nadie. No puede ser violado por ningún ciudadano ni por el Estado; menos, si cabe, por aquellos que tienen particulares obligaciones de atención a la vida incipiente de un ser indefenso, como son sus padres o los médicos", ha aseverado.