La Intercomisión de Vivienda 15M-Sevilla considera que el decreto ley para cumplir la función social de la vivienda es "un primer paso para determinadas situaciones de desahucio hipotecario", pero señala que hay miles de familias sin hogar o a punto de perderlo, "a las que este decreto no ampara, por lo que seguirá insistiendo en "la necesidad de declarar el Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía".

En una nota, dicha asociación valora la expropiación temporal del uso de la vivienda en procesos de desahucio hipotecario, "su verdadera dimensión se conocerá caso por caso, en función de la posibilidad de acogerse a los requisitos establecidos", sin olvidar que no es aplicable a miles de familias desahuciadas judicialmente por impago de alquiler.

También preocupa que dependa "de las disponibilidades presupuestarias", tal y como establece el decreto ley, porque corre el peligro de "una aplicación anecdótica si no hay recursos suficientes".

Para el 15M Vivienda Sevilla, "esta medida es un primer paso decisivo aunque tímido que puede cambiar el rumbo de la política de vivienda si la asienta en la función social del derecho de propiedad privada y en un control riguroso de la vivienda deshabitada al servicio de las necesidades sociales a través de la pronta y eficiente constitución del registro de viviendas deshabitadas con participación y acceso ciudadano".

Según el 15M Vivienda-Sevilla, la declaración del Estado de Emergencia Habitacional permitiría ofrecer respuestas a "los miles de rostros del problema de acceso a una vivienda digna sin cabida en el decreto ley, además de las familias desahuciadas judicialmente por impago de alquiler, aquellas que han abandonado sus hogares antes de dictarse la orden de lanzamiento, las que habitan hacinadas, hasta tres y cuatro generaciones, en una misma casa, las que viven en la calle o aquellas que sufren a causa de la crisis el corte de los suministros esenciales de agua y energía eléctrica".

"Si la Consejería de Fomento y Vivienda justifica el sentido del Decreto-Ley en el actual contexto de "emergencia social y económica", como refleja su texto, no puede dar de lado a estas realidades.

Por este motivo, insta a la Junta a desarrollar medidas que "aborden el sinsentido de una geografía andaluza salpicada de inmuebles terminados y vacíos en manos de bancos e inmobiliarias", pues tal y como señala el propio decreto ley, "la no ocupación, el no destino de un inmueble al uso residencial previsto por el planeamiento urbanístico, supone un grave incumplimiento de su función social".

Añade que "para muchas entidades financieras, inmobiliarias o entidades de gestión de activos, la eficacia de las sanciones dependerá del impacto que tengan sobre sus negocios o de su capacidad de dilatarlas legalmente, sin que ello signifique que esos inmuebles acaben siendo habitados".

En este sentido, aluden a las corralas, "formadas por familias desahuciadas que se han realojado en inmuebles que, según lo establecido en la nueva norma, son a todos los efectos 'viviendas deshabitadas', como el caso de la Corrala La Ilusión, sobre la que pesa una orden judicial de desalojo a partir del 2 mayo". Según la Intercomisión de Vivienda, "de esta forma se daría completo cumplimiento a una de las modificaciones más novedosas contenidas en el decreto ley, la que establece que forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico".

A mediados de marzo, 15M Vivienda, Stop Desahucios y Plataformas de Afectados por la Hipoteca de las ocho provincias andaluzas, constituidos como Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, presentaron en las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento y Vivienda la petición de declaración del Estado de Emergencia Habitacional. A raíz de la acción se celebró una reunión con responsables de la Consejería en Granada, el 6 de abril, en la que rechazaron esta propuesta.

Para el 15M Vivienda Sevilla, Andalucía "tiene sobrada competencia para aprobar la petición de emergencia habitacional, tal y como establece la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía, que en su definición de emergencia incluye aquellas otras situaciones no catastróficas que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos".

Concluye afirmando que "la profunda irritación que este decreto ley ha causado en las élites económicas y sus portavoces mediáticos y políticos no puede amilanar a sus autores, sino animar a la población a empujar en el sentido de su mejora y profundización a la hora de su tramitación parlamentaria".